Reforma al ISSSTE

Alberto Aziz Nassif
20 de marzo de 2007

Un escenario similar al que se ha visto en muchas ocasiones: la prisa, las negociaciones por debajo de la mesa y la avalancha de una mayoría legislativa aplastante. Esta vez, como antes fue con la reforma al IMSS o la ley Televisa , se trata del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una reforma necesaria, pero no en los términos y condiciones que se ha planteado. ¿Por qué la prisa?, ¿por qué sólo el proyecto oficial?

La obsolescencia y quiebra de los sistemas de seguridad social es un problema complejo que tienen múltiples causas: hay factores estructurales que se generan por los cambios en la expectativa de vida; gracias a los avances médicos, a la tecnología, a nuevos perfiles epidemiológicos, los mexicanos llegamos a una esperanza de vida de 76 años, lo cual ha incrementado el tiempo de duración de las pensiones. Lo que antes sólo eran entre cuatro y cinco años de vida pensionada, ahora llega a 20 años.

Al mismo tiempo, se ha transformado la estructura laboral, hay menos empleo formal y la relación entre los trabajadores activos y los pensionados se ha alterado de forma importante; los pensionados del ISSSTE han crecido 600% y los trabajadores activos sólo 50%. Otra de las premisas que ha cambiado es la estructura salarial que -desde 1977- mantiene un ancla sobre el precio de la fuerza laboral. Una parte fundamental del problema del ISSSTE también tiene que ver con la operación, y eso por supuesto que no se contempla en la reforma oficial. La corrupción y los malos manejos, por ejemplo, los porcentajes que se exigen como pago en la compra de equipos. A ello se pueden sumar múltiples adeudos millonarios a la institución.

La solución oficial es pasarles la mayor parte de la factura a los trabajadores. La seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado cubre una amplia gama de funciones: pensiones, la salud, los préstamos y otros servicios. Por supuesto que su calidad se ha deteriorado de forma progresiva, por eso es importante ampliar la discusión y el debate. Pero la negociación de esta reforma tiene inconvenientes estratégicos que es necesario analizar con mayor detenimiento. En las posiciones sobre la reforma hay un sector que mantiene posiciones de parálisis, es decir, que no se mueva nada y que las cosas sigan igual. Otra parte está parcialmente de acuerdo con la reforma y pide algunos cambios a la iniciativa oficial. Pero hay otras posturas que plantean otra solución, un nuevo modelo con salidas mixtas y mayores equilibrios.

La reforma oficial está fundamentada en una privatización de los servicios de seguridad social. Se trata de recomendaciones del Banco Mundial adoptadas por los funcionarios de Hacienda, quienes han negociado el acuerdo con los líderes del sindicalismo corporativo (Gordillo y Ayala). Se trata de ir a un modelo individualizado, privatizador que se denomina de beneficio definido, con aportaciones y cuotas individuales para que cada trabajador "se rasque con sus propias uñas". Se abandona el modelo solidario que compensa la precariedad laboral. Una reforma que ni los trabajadores públicos en Estados Unidos han aceptado porque allá se mantiene el modelo solidario, combinado con otras alternativas individuales.

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