La famiglia PRI-PAN planeaba aprobar la madrugada de este martes la ley del ISSSTE

No es pecaminoso negociar, sostiene el director del instituto, Miguel Angel Yunes


Diputados señalan al funcionario que ''huele muy mal'' la prisa con que se busca el acuerdo

ENRIQUE MENDEZ

La mayoría PRI-PAN en la Cámara de Diputados se preparaba anoche a aprobar el dictamen de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que el director de la institución, Miguel Angel Yunes, reconoció que, una vez en marcha el sistema individualizado de ahorro para el retiro, el costo de reconocer la deuda que ya existe en el sistema de pensiones será de 1.2 billones de pesos, lo cual representa 14 puntos del producto interno bruto (PIB).

''Sí, es una deuda de muchos millones, pero si no hacemos nada el costo será sustancialmente más que el de la transición'', dijo. Ante las críticas del diputado Antonio Soto, respecto de que ''huele muy mal'' la prisa con que se buscó aprobar el dictamen y por el ''vínculo estrecho del director con la señora (Elba Esther) Gordillo'', a la que se vincula con la autoría de la reforma, Yunes respondió: ''No es pecaminoso buscar acuerdos y consensos, y el hecho de que un grupo de dirigentes sindicales y funcionarios hagamos este esfuerzo, tiene el objetivo de dar certeza a los trabajadores''.

El diputado perredista Juan Guerra refirió que el costo de la reforma será superior, porque el Estado tendrá que transferir 3.25 pesos cuando los trabajadores aporten un peso de manera voluntaria para garantizar el mínimo de una pensión de dos salarios mínimos. Esto implicaría, dijo, cuando menos medio billón de pesos más, y un costo de casi 20 puntos del PIB, ''que si van a terminar en manos privadas, el riesgo de la ley es enorme''.

Adicionalmente, un análisis de la bancada del Partido del Trabajo sobre la reforma plantea que el fondo de la iniciativa tiene tres objetivos en el corto plazo: prolongar la edad de jubilación cinco años más y romper con el esquema solidario y subsidiario para pasar a uno individualizado; liberar recursos para que puedan ser manejados por el monopolio de las Afore y los bancos mediante la bursatilización de los ahorros, y después abrir Pemex a la iniciativa privada y modificar los sistemas estatales de pensiones.

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