Brad Will y todos los demás

Plaza Pública

Escrito por Miguel Ángel Granados Chapa

Brad Will y todos los demás

Están en México los señores Kathy y Howard Will, padres de Bradley Roland Will, el periodista que fue asesinado en el otoño pasado, mientras seguía para Indymedia, la organización informativa a la que perteneció, los acontecimientos del conflicto que entonces y ahora está en curso en Oaxaca. Viajaron a México en procura de información sobre la muerte de su hijo, porque han pasado ya cinco meses y la averiguación penal no ha progresado y los asesinos de su hijo no han sido castigados.

Brad Will fue ultimado el 27 de octubre, cuando manejando su cámara cayó baleado durante un tiroteo con que fueron recibidos en la colonia Calicanto, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca a quienes acompañaba el periodista. Cayeron también muertos los miembros de esa organización Emilio Alonso Fabián y Esteban López Zurita. Se tiene noticia de que en la misma fecha murieron Esteba Ruiz y Eudacia Olivera Díaz. Ella falleció, según puntualiza la CNDH, porque el paso de la ambulancia que la trasladó al hospital fue estorbada por las barricadas de la APPO.

Por el homicidio de Will fueron poco después detenidos un regidor del Ayuntamiento priista de Santa Lucía, Abel Santiago Zárate, y el agente de Policía Municipal Orlando Manuel Aguilar Coello. Pero los indicios que permitieron su detención se desvanecieron (ése es el nombre técnico) y en diciembre fueron dejados en libertad. A partir de entonces, la procuradora Lizbet Caña ha tratado de probar una hipótesis que inculparía a miembros de la APPO por ese asesinato: Will habría recibido en la refriega sólo un disparo, proveniente de la línea de manifestantes y no de quienes los recibieron a tiros, y fue trasladado a un hospital por desconocidos que le asestaron otro balazo antes de desaparecer. La imaginativa conjetura explica que de ese modo integrante de la APPO quisieron internacionalizar el conflicto para atraer atención mundial sobre sus movilizaciones y demandas.

Como quiera que sea, lo cierto es que cinco meses después la averiguación previa sobre el caso no ha concluido con la identificación de los homicidas. Esa es la nota general, común a todas las privaciones de la vida registradas en Oaxaca, veintitrés según la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, veinte (once directamente vinculados al conflicto) reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: no se ha castigado a nadie, no han concluido, y las más de las veces ni siquiera se han iniciado las diligencias ministeriales que deberían conducir a la localización de los responsables y su enjuiciamiento. La Procuraduría local admite que son once las personas muertes durante el conflicto.

Las listas de aquel organismo civil y de la oficina del ombudsman difieren en número porque se adoptaron criterios diferentes para incorporar a ellas los casos de que se tiene noticia. La CCIODH incurrió en un manifiesto error al iniciar su relación con el nombre de Serafín García Contreras, cuya muerte habría ocurrido el 28 de julio, diez días antes de la de Marcos García Tapia, a quien corresponde el sitio inicial en el recuento hecho por la CNDH. Es que los observadores internacionales quizá incluyeron las muertes vinculadas con Ulises Ruiz y no sólo las del conflicto iniciado en mayo y entrado en su fase de mayor virulencia en junio. Serafín García Contreras fue asesinado a palos efectivamente el 28 de julio, pero dos años atrás, durante la gira electoral del ahora gobernador en Huautla de Jiménez. Como quiera que sea, sus asesinos gozan de impunidad semejante a la que beneficia a quienes mataron a personas a partir de agosto.

La Comisión Internacional aclara que enumera “muertes documentadas oficialmente y claros indicios de otras. Hay denuncias de la desaparición de personas durante el conflicto, de las que no se tienen noticias ciertas sobre su paradero ni sobre su identidad, detenidas o secuestradas irregularmente. En muchos de los casos hay sospechas, avaladas por los testimonios, de la posible muerte de estas personas. En otros casos la desaparición es debida a la huída y refugio de los afectados debido a las amenazas”.

Las listas coinciden en buen número de casos, como es comprensible tratándose del mismo fenómeno. La muerte hizo su aparición en el conflicto el 7 de agosto (según la CNDH, el 8 según la CCIODH) cuando en el centro de Oaxaca fue asesinado el señor Marcos García Tapia “a manos de desconocidos”, afirma la oficina del ombudman.

Respecto del asesinato de Brad Will, la CNDH lo sitúa en el contexto de “enfrentamientos armados en distintas partes de la ciudad de Oaxaca y de sus municipios conurbados, principalmente Santa Lucía del Camino”. Un “enfrentamiento” supone el uso de armas por dos partes, mientras que un ataque se lanza sobre blancos inermes. Es necesario determinar con precisión la naturaleza de los hechos, en que no hubo víctimas de la parte oficial.

La procuradora Cañas recibió a los señores Will y para corroborar la pertinencia de la averiguación que no ha conducido a nada les informó haber enviado una copia del expediente a la Procuraduría General de la República, cuya delegación oaxaqueña negó que tal hubiera ocurrido. La PGR debía también investigar el caso, pues corresponde a la muerte de un periodista, materia de una fiscalía especial. Será justo que los asesinos de Brad Will sean castigados. Y no sólo ellos, sino los de todas las demás víctimas.
ir a fuente:Diario libertad