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23 marzo 2007

Después de Irak, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Publicado el 03-23-2007

Huye periodista por amenazas

En Querétaro se le conoce como “El caso de la BMW negra”, un homicidio que ha dejado una profunda huella de impunidad en torno a una poderosa familia empresarial de esa localidad, y donde el presidente de la Asociación de Periodistas del Estado tuvo que salir huyendo ante las amenazas por “insistir en el tema”.

El periodista Alejandro González tuvo que salir huyendo del estado de Querétaro ante las amenazas relacionadas con su “insistencia” en un homicidio que involucra a una poderosa familia empresarial de esa entidad.

Especial La Raza

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, después de Irak, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Para muestra basta un botón autóctono: A dos años y cuatro meses del 27 de noviembre de 2004, fecha del homicidio del joven Marco Antonio Hernández Galván, el presunto responsable goza de cabal salud, de plena libertad y de total protección de parte de quienes deberían procurar el cumplimiento de la justicia en Querétaro.

El llamado “Kikín” queretano no ha sido la única víctima. Después de 28 meses de impunidad han aparecido otros perjudicados por las secuelas de ese suceso. Tal es el caso del periodista Alejandro González Anaya, quien tuvo que abandonar Querétaro en mayo de 2006, acosado, agredido y agraviado en sus más elementales derechos humanos.

La queja

Alejandro González acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar por hostigamiento y represión al Gobierno de Querétaro. La queja, foliada con el número 21992, fue recibida por el Licenciado Luis Raúl González Pérez, titular del área de Agravios a Periodistas de la Visitaduría 5 de la CNDH.

En la queja, González Anaya (ex corresponsal del periódico La Jornada; corresponsal de Milenio Diario y reportero de Diario de Querétaro) pone al descubierto los mecanismos y las complicidades del poder político y económico de esa entidad para entorpecer, ocultar y obstruir la acción de la justicia.

Funcionarios públicos de primer nivel, poderosos empresarios, políticos panistas y periodistas son los protagonistas principales en el texto en poder de la CNDH, presidida por José Luis Soberanes.

La pesadilla de Alejandro González Anaya inició cuando, en septiembre de 2005, publicó una nota en Milenio Diario sobre los gastos publicitarios del gobierno estatal. Al otro día el Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes intimidó al reportero.

“La amenaza consistió en hacer una cruz con su mano derecha dirigiéndose hacia mí como se acostumbra dar en las misas por parte de los sacerdotes de la religión católica, pero que en el argot local (mexicano), cuando ésta no es dada por un ministro religioso es vista como una amenaza, como si se dieran las últimas palabras 'Requiest cat in pace' (descanse en paz) a una persona fallecida”, relata.

La amenaza fue atestiguada por diversos periodistas locales. Alejandro González cuestionó al funcionario. “Mi reacción fue preguntarle desde qué fecha se había convertido en sacerdote para darme la bendición, pero como no era así que me especificara de qué se trataba, pero por respuesta sólo se dio media vuelta y se retiró”, cuenta.

Todo empeoró

Más adelante, según la denuncia de hechos que Alejandro González presentó ante la CNDH, la situación empeoró.

“La relación entre el gobierno estatal y yo, en mi carácter de presidente de la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro (APEQ), se tensó a partir del 19 de octubre del 2005, fecha en que se entregó el Premio Estatal de Periodismo 'Carlos Septién García', al que convoque y al cual asistió Alfredo Botello Montes, en representación del Gobernador Francisco Garrido Patrón”.


Cuenta que el funcionario hizo notoria su molestia al hacer muecas y gestos durante el pronunciamiento de los tres discursos del evento que evidenciaban públicamente las agresiones y la represión en contra de los medios de comunicación en Querétaro.

También, fue notoria la molestia del funcionario cuando se entregó el Premio de Periodismo en el género de Nota Informativa al trabajo de Eric Pacheco Beltrán, reportero del periódico local A.M. y por la mención honorífica otorgada a Pedro Pablo Tejada, Director del mismo medio, en el género de reportaje.

Ambos artículos abordaron el homicidio de Hernández Galván, presuntamente a manos de Federico Ruiz Lomelí, de la rica y poderosa familia Ruiz Rubio -concesionaria de Coca-Cola en la entidad-, según la declaración ministerial del principal testigo del homicidio, Miguel Gerardo Rivera Alcanzar.

La presión

Alejando González también denuncia ante la CNDH la intromisión y presión que ejerce la familia Ruiz Rubio en el ámbito periodístico.

Recuerda que en su carácter de presidente de la APEQ, el reportero Facundo Ugalde, a nombre de la familia Ruiz Rubio, le solicitó una reunión con el gremio periodístico, que “tenía como precedente dos que habían protagonizado la familia Ruiz Rubio con la Asociación de Editores Independientes (semanarios) y la de Cronistas Deportivos”.

Según la denuncia, se trataba de una estrategia de acercamiento con los medios de comunicación para evitar el seguimiento informativo a la presunta responsabilidad de Ruiz Lomelí en el homicidio de “El Kikín”.

González Anaya refiere que un mes antes de la entrega del Premio Estatal de Periodismo, el mismo Facundo Ugalde ofreció a nombre de sus “jefes” todo tipo de apoyo, incluso económico, para la celebración del certamen.

Quien también se disgustó con que se premiaran los reportajes del homicidio fue el director de Diario de Querétaro, Sergio Arturo Venegas Alarcón, según consigna en su denuncia González Anaya.

Refiere que aunque Venegas Alarcón figuraba entre el jurado del premio “no acudió a la sesión definitoria de los Premios de Periodismo entre los jurados, y al enterarse que podrían ser premiados los trabajos relativos al homicidio pidió que no se mencionara su nombre aún cuando ya había calificado los trabajos, al argumentar que no estaba de acuerdo en que se premiara el trabajo debido a que en él se estaba juzgando como culpable a Federico Ruiz Lomelí”.

La represalia

González Anaya consigna que un mes después de la entrega del Premio de Periodismo, en noviembre de 2005, en Diario de Querétaro le fueron retiradas sus fuentes informativas, las principales del periódico “Gobierno estatal y los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática”.

Posterior a ello, el 16 de diciembre del 2005 siguiente le quitaron también la asignación de las fuentes informativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral de Querétaro, “todos estos cambios sin previo aviso”.

Más adelante, tuvo una álgida discusión con el director de Diario de Querétaro “al grado de que Sergio Arturo Venegas me amenazó en dos ocasiones al acusarme de haberme puesto la camiseta del periódico del AM”.

“Puedo emprender acciones en tu contra”, “no te convengo como enemigo”, entre otras frases. Ante las amenazas y el acoso laboral en su centro de trabajo, González Anaya acudió ante las autoridades laborales. “El 7 de abril de 2006 demandé ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la rescisión de mi contrato laboral con el Diario de Querétaro por causas imputables al patrón argumentando cambio en las condiciones laborales”.

Yo no fui

Cuando Federico Ruiz Lomelí se dio a la tarea de demostrar su no participación en el homicidio ante diferentes personas y organizaciones civiles, González Anaya recibió una llamada de un asistente del diputado federal por el Partido Acción Nacional, Guillermo Tamborrel Suárez, quien le ofreció una entrevista exclusiva con un personaje cuyo tema estaba “de moda”, sin decirle el nombre.

“Durante la reunión que se celebró en un restaurante de Plaza Boulevares estuvieron presentes dos asistentes de dicho legislador y Federico Ruiz Lomelí, quien me enseñó personalmente la presentación animada y me explicó sus argumentos para decirse inocente del homicidio de El Kikín”.

La “sombra”

Como se dice en el gremio periodístico, a González Anaya “le pusieron sombra” porque, como él mismo lo denuncia, a partir de diciembre de 2005 cuatro sujetos vigilaban su domicilio y, al poco tiempo, le robaron y vandalizaron sus dos autos.

En la queja ante el área de Agravios a Periodistas de la Visitaduría 5 de la CNDH, González Anaya remata: “El homicidio conocido como el de la BMW negra presuntamente cometido por el hijo de uno de los empresarios más poderosos del estado, la protección y apoyo que ha recibido del gobierno estatal, así como la complicidad con estos intereses por parte de varios medios de comunicación, entre ellos el Diario de Querétaro, ha generado un proceso de hostigamiento, represión y amenazas en mi contra y de mi familia, poniendo en entredicho nuestra seguridad”.

Desde su refugio

En entrevista telefónica desde su refugio, González Anaya reveló que decidió abandonar Querétaro ante las recurrentes amenazas directas e indirectas recibidas por parte de allegados al gobierno estatal y a la familia empresarial Ruiz Rubio.

El periodista admite que temió el cumplimiento de la intimidación contra su persona y su familia y optó por no ser parte de las estadísticas ante la impunidad en torno a numerosos ataques contra periodistas a través de México.

“Aún a la distancia reconozco que 'los tentáculos del poder son muy largos', por ello y ante la situación que vivo responsabilizo al gobierno estatal de Querétaro y a la familia Ruiz Rubio de cualquier agresión o atentado que pueda sufrir yo o mi familia”, dijo.

Gonzalez Anaya consideró que el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, tiene la obligación de hacer todo lo necesario para que cesen las agresiones que recibe la prensa en México y que lo ubica como el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo.

Agregó que “el Ejecutivo federal no debe permitir que ningún gobierno viole la libertad de prensa como sucede en Querétaro, donde el gobierno estatal panista hostiga a la prensa crítica, manipula a los medios de comunicación con la publicidad oficial y en donde más de tres decenas de periodistas han visto violados sus derechos, como lo denuncie el 3 de mayo y el 6 de junio del 2006”. © La Raza

Fuente La Raza

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