Miércoles 6 de septiembre de 2006
Luis Linares Zapata
Así lo llamaban antes, el tribunalazo. El mote se lo ganaron en fiera lucha contra la inveterada costumbre de los poderosos de variado rango para trampear elecciones. Pero la magna prueba que ahora enfrentaron les ha abollado la fama y el aprecio popular. Unos, al evaluarlo, sostienen que no ha estado a la altura de su misión en la pequeña historia de la actualidad. Otros muchos dicen que se apegaron, como simples contadores de votos, a lo literal de la ley. Lo cierto es que no se les ha visto empatar sus alegatos con la magnitud del asunto, ya convertido en problema, que tuvieron entre manos.
Compuesto por siete magistrados y después de 10 años de imparcial registro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha pasado a ser, según rezan los múltiples y costosos mensajes que sólo difunden y financian los ricos y famosos visibles, propiedad de la Coparmex. Al menos de esas variantes del membrete corporativo que se asientan en Chihuahua y Monterrey. Con esa actitud espotera se esparce, por todo el ámbito nacional, su inatacable verdad, el positivo mensaje de valores entrañables: confían en su tribunal pase lo que pase, decidan lo que decidan, porque es suyo y defiende su voto. Tan selecta como abrumadora certeza la estelarizan varios actores de la pantalla chica. El propósito de los cúpulos empresariales no puede ser más claro: atacan, una vez más, al odiado izquierdista que los retó. Combaten a la coalición Por el Bien de Todos en su innegociable postura de afirmarse como triunfadora de los pasados comicios. De no sujetarse al TEPJF, aun antes del dictamen final, porque lo consideran falto de visión, coaccionado, mal fundamentado. Pretenden quitarle base a los argumentos de López Obrador. Mostrarlo como lo que siempre dijeron que era: un mesiánico nada confiable, irredento negador de instituciones, rayano en la subversión.
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