Lamenta la CDHDF la “campaña de odio” contra manifestantes en Oaxaca

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De la redacción de Revista Proceso

México, D.F., 7 de diciembre (apro).- Ante la evidente criminalización de la movilización social, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advirtió hoy que, de ser ciertas las violaciones a las garantías más elementales en el estado de Oaxaca e, incluso, las prácticas de tortura, se regresaría al país 30 años atrás en cuanto al respeto a los derechos humanos.

Dijo que, aunque estos hechos no son de su competencia para investigarlos, sí lo son de su preocupación y “profunda indignación”.

Más aún, los calificó como “un mal muy inicio” de la nueva administración federal, encabezada por el presidente Felipe Calderón.

Luego de afirmar que ha recibido un sinnúmero de quejas al respecto, Alvarez Icaza reveló que muchos de los perseguidos se han tenido que refugiar en el Distrito Federal, a raíz de las campañas de odio generadas en esa entidad.

Incluso, las comparó con hechos sucedidos en otros países con pocos avances en materia de defensa de los derechos humanos.

“Hay gente de organizaciones civiles que se están escondiendo en la ciudad de México y que en Oaxaca fueron víctimas de campañas de odio. La radio ciudadana llamaba a campañas para quemar a asociaciones civiles, a perseguir a personas. Eso paso en Ruanda, donde se promovió el odio social para quemar casas, agredir y matar personas. No puede ser”, afirmó.

Señaló que la comisión a su cargo recibió una llamada de profesores de universidades de Oaxaca, que “saben que, al llegar a sus domicilios, serán detenidos”, aunque no tuvieron una participación activa en el movimiento.

Indicó que, cada vez que se recrudecen los enfrentamientos en esa entidad, la CDHDF recibe entre cuatro y 10 solicitudes de intervención, las cuales, por no ser del ámbito de competencia, han sido turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la comisión estatal.

“Espero que se reencaucen los procesos de diálogo, aunque es delicado que cuando se estaba generando un proceso de acercamiento para la reconstrucción de las negociaciones, se detenga a los representante de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), porque se fractura la confianza.

“Hay información precisa de que las personas que vinieron a la Ciudad de México tenían ya un inicio de negociaciones y habían platicado con la Secretaría de Gobernación, y esas detenciones sólo dinamitan la confianza", añadió.

Álvarez Icaza dio a conocer que abogados de detenidos por su presunta participación en el conflicto oaxaqueño, le aseguraron que en unos primeros momentos no les habían permitido ver a sus defendidos.

Inclusive, recordó los malos antecedentes en materia de aceptación de recomendaciones de derechos humanos del actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien como gobernador de Jalisco “toleró actos de tortura y no sólo eso, sino solapó, se jactó y premió a policías (por agresiones contra globalifóbicos, en 2004), mandando el mensaje de que ´sepan los chilangos de que aquí vamos a actuar diferente´ y luego vienen estos hechos. Es pésimo inicio de la administración”, dijo.