FABIOLA MARTINEZ , OCTAVIO VELEZ ENVIADA , CORRESPONSAL
Familiares de los recluidos en el penal de Nayarit se manifestaron ayer frente a la iglesia de los Siete Príncipes para exigir la liberación de los presos, entre los cuales se encuentra el presidente municipal de San Juan Yaee, Javier Sosa Martínez Foto: Ezequiel Leyva Oaxaca, Oax., 12 de diciembre. "Estamos ante una completa aberración jurídica", advierte la abogada Alba Gabriela Cruz Robles, del grupo de litigantes que busca el retorno y liberación de 138 detenidos el pasado 25 de noviembre.
En el mejor de los escenarios, los detenidos serían trasladados a cárceles de Oaxaca en los próximos días, en caso de que un juez federal resuelva el "incidente" planteado dentro del juicio constitucional de amparo respecto del traslado de los detenidos a su lugar de origen ya que son acusados por delitos del fuero común y además no se encuentra acreditado el grado de peligrosidad.
En caso contrario, habría que esperar, hasta el 15 de enero próximo, la respuesta judicial sobre la situación de las 138 personas; en esa fecha está programada la audiencia de ley. Es decir, el traslado o liberación inmediata de los detenidos sólo sería posible por una decisión política del gobierno calderonista, porque de otra forma los procesos serán sumamente dilatados, ante el cúmulo de "aberraciones e irregularidades" registradas desde el momento de la detención ilegal masiva, señalaron integrantes de ocho despachos jurídicos que laboran de manera gratuita, en respuesta a un plan promovido por el pintor Francisco Toledo.
A 17 días de la aprehensión colectiva en esta capital, en un operativo de la Policía Federal Preventiva (PFP), la defensa no ha tenido acceso al expediente 152/2006, radicado en un juzgado mixto de primera instancia de Tlacolula de Matamoros, donde están los casos de 83 personas acusadas por daños en perjuicio del gobierno de Ulises Ruiz, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el hotel Camino Real, agencia de viajes Viñiñuu, sedición y asociación delictuosa.
El absurdo agregaron abogados consultados por La Jornada es que personal de ese juzgado, que encabeza una pariente política de Ulises Ruiz, llamó por teléfono al TSJ para pedir autorización a la gestión que pretendían los litigantes.
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