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06 septiembre 2007

Defensores del IFE

Astillero
Julio Hernández López
Fax: 56 05 20 99 • juliohdz@jornada.com.mx

Ni un 0.56% de duda

Lavanderías mal pagadas

Más de cácaros morelianos

Cada día hay más evidencias políticas de que la ínfima diferencia oficial de votos en favor de Felipe Calderón fue producida por factores de poder que distorsionaron el proceso electoral e implantaron una fachada mediática e intelectual de fallida convalidación argumental de ese fraude. Gustosos declarantes por sí mismos (es decir, sin presiones o exigencias de nadie), como Vicente Fox, Manuel Espino y Elba Esther Gordillo, han competido en claridad para demostrar a los mexicanos cuánto peso pervertido colocaron en la balanza electoral para que el resultado oficial de la contienda partidista fuese adverso a un aspirante ácidamente indeseado. Fox apostó el aparato del gobierno federal a un desquite personal, Espino reveló las aportaciones de gobernadores priístas a la cuenta calderónica de 2006 y Gordillo presume cuanto puede la tecnología de su amplio equipo de mapaches con credencial de profesores que operó en favor del “azul”. A ese trío habrá que sumar a los empresarios sembradores de miedos y patrocinadores de anuncios televisivos pagados mediante triangulaciones contables y a entes siempre decisivos como son los intereses estadunidenses y los de la Iglesia católica.

Pero a pesar del cúmulo de evidencias políticas que los propios ejecutantes del fraude aportan como una forma de hacerle ver a Calderón el tamaño de las facturas que debe pagar, hay un segmento de finos analistas de la realidad política nacional a los que les parece que 0.56 por ciento de diferencia oficial en votos es una cantidad tan contundente que ninguno de los factores antes enunciados (ya no se diga la suma de ellos) siembra en tan preclaros intelectos una ínfima sombra de duda. Muchos de quienes se tiran por las laderas de sus castillos declarativos, envueltos en desplegados y manifiestos con los que defienden institucionalidades, gozan de privilegios derivados de ese régimen político al que consideran altamente afectado porque están en riesgo las cabezas de los consejeros responsables de formalizar el fraude electoral de 2006.
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