Mouriño, negocios al amparo del poder

Portada
2a quincena marzo 2008

Revista Contralinea

De los 10 contratos y convenios, más cuatro modificaciones que Transportes Especializados Ivancar suscribió con Pemex desde que Juan Camilo Mouriño incursionó en la vida pública, seis fueron formalizados por el secretario de Gobernación –y avalados por el jurídico de Pemex, a cargo de César Nava Vázquez–, con lo que habría incurrido, por lo menos, en conflicto de intereses. Uno de los contratos, que firmó como funcionario federal, implicaría responsabilidades penales y administrativas. Además, los ingresos que obtuvo como contratista de la paraestatal no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales, las cuales, desde que llegó a Los Pinos, permanecen cerradas y sin acceso a la opinión pública

Ana Lilia Pérez

Convenios, contratos y extensiones de TEISA en Refinación

GTT-0142-01/1988
GTT-0142-01/2000
GTT-0142-02/2000
GTT-0142-03/2000
GTT-0142-01/2001
GTT-0142-02/2001
GTT-0142-01/2002
GTT-00142-01/2003
GTT-00142-01-2PP/2003
GTT-0142-01/2004
GTT-00142-01-M/2004
GTT-00142-01/2005
GTT-00142-CM/2005-2008
GTT-00142-CM-M/2005-2008

Entre 1998 y enero de 2008, la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, suscribió 10 contratos y convenios y cuatro modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. Seis de ellos los firmó cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener) y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa.
La firma de los contratos supone conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de servidores públicos, tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, de acuerdo con juristas. Los especialistas evalúan que, aunque el último contrato que firmó Mouriño data de hace cuatro años, por tratarse de un acto continuo, es decir, que la dependencia y los funcionarios que asignaron los contratos y convenios fueron los mismos y que todos fueron adjudicaciones directas, los supuestos ilícitos en que habría incurrido aún no han prescrito.

Firmado por Mouriño

convenio GTT-0142-01/2001
Monto: 6 millones 856 mil 722.82 pesos
Firmado: 20 de diciembre de 2000
Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001

Firmado por Mouriño
convenio GTT-0142-02/2001
Monto: 2 millones 100 mil pesos
Firmado: 28 de agosto de 2001
Vigencia: de agosto al 31 de diciembre
Funcionario: Patricia Arciniega Luna, encargada del despacho de la Unidad Jurídica de Pemex


Firmado por Mouriño
convenio GTT-0142-01/2002
Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía
Monto: 7 millones 859 mil 627 pesos
Firmado: 20 de diciembre de 2001
Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002


Firmado por Mouriño
convenio: GTT-00142-01/2003
Cargo: Diputado Federal. Presidente de la Comisión de Energía
Monto: 8 millones 300 mil pesos
Firmado: 20 de diciembre de 2002
Vigencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003


Firmado por Mouriño
convenio GTT-00142-01-2PP/2003
Objeto: Otorgar a Ivancar el transporte de hidrocarburos en las nuevas rutas; Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Madero-San Luis Potosí, Gómez Palacio-Parral
Cargo: Candidato a presidente municipal de Campeche
Firmado: 1 de septiembre de 2003


Firmado por el apoderado legal Luis Fernando Coyoc
convenio: GTT-00142-01/2004
Cargo: Director de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener
Monto: 8 millones 300 mil pesos
Firmado: 29 de diciembre de 2003
Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2004
Funcionarios que firman: Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre; José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de convenios y contratos


Un análisis realizado por auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para Contralínea, destaca irregularidades de la compañía aun en los contratos que no fueron suscritos de manera directa por Mouriño Terrazo. Explica que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Ivancar habría incurrido en anomalías, pues el parentesco de sus actuales directivos con el hoy secretario de Gobernación era motivo suficiente para que Pemex se abstuviera de su contratación.
La misma ley prohíbe adjudicaciones en condiciones de parentesco directo de la compañía con funcionarios de cualquier dependencia, y todas las asignaciones de Ivancar están en este esquema. Además, las contrataciones superaron el tope presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las adjudicaciones directas.
Por cada contrato, convenio y las modificaciones a éstos de Ivancar con Pemex, a partir de que Mouriño ingresó como funcionario público, éste debió presentar a su superior inmediato, es decir a Felipe Calderón, una declaración de intereses en conflicto o en su caso una declaración espontánea de incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Calderón, a su vez, dar vista a la SFP, la cual no recibió ninguna notificación al respecto.
La responsabilidad por estas supuestas irregularidades alcanzaría a los abogados adscritos a la Oficina del Abogado General de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón, a su sucesor José Néstor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes habrían incurrido en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o servicios.
En sus declaraciones patrimoniales ante la SFP, Mouriño omitió los ingresos que obtuvo por estas transacciones comerciales con Pemex. En su primera declaración, hecha en 2003, cuando firmó el más reciente convenio de Ivancar, declaró que tenía ingresos mensuales netos por 5 mil pesos por actividades financieras (las cuales no especificó); que recibía 100 mil pesos al mes por actividades que no aclaró; así como ingresos que superaban el sueldo que percibía como funcionario de la Sener, por 86 mil 75 pesos.
“Se trata de negocios al amparo del poder que desde ese tiempo ha realizado Juan Camilo Mouriño”, considera el coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

ver artículo completo en Revista Contralinea