Enredados

Desfiladero

Si estamos en la calle, ¿por qué no estamos en la calle?

Jaime Avilés

Humberto Moreira dejó en Coahuila una deuda pública de 32 mil millones de pesos, al parecer obtenida en parte con documentación falsa y en contubernio con sus colaboradores. Si esto se comprueba, el líder nacional del PRI debería estar preso, acusado de fraude, coalición de funcionarios” y delincuencia organizada, delitos graves que impiden la libertad bajo fianza.

Fidel Herrera Beltrán endeudó a Veracruz por 30 mil millones de pesos: mantuvo una campaña permanente de culto a sí mismo (vistió a millones de veracruzanos con una camisa roja que ostentaba la palabra “fidelidad”) y engrasó con abundancia los ejes de la corrupción (para que no rechinaran y no se oyeran).

El adeudo que Enrique Peña Nieto legó al estado de México también asciende a 30 mil millones de pesos –que pagarán las cuatro próximas administraciones–, con los cuales financió a empresas españolas que hicieron obra pública sin invertir un solo euro, pero tendrán derecho a explotarlas, cobrando peaje a quien las use, por 30 años; además, compró toneladas de espots en radio, tv y líneas de autobuses que proyectan películas durante el viaje, para mostrarnos su copete, y como Moreira y Herrera, cebó día y noche a la marrana de mil ubres, que amamanta a todos los giros negros.

Los resultados están a la vista. Gracias a Moreira, Coahuila es el tercer estado del país en materia de agresiones a periodistas y Los Zetas administran la inseguridad pública. Gracias a Fidel Herrera, Veracruz es el segundo estado más violento del Golfo, después de Tamaulipas (el tercero es Tabasco, por la ineptitud del no menos priísta Andrés Granier).

Gracias a Peña Nieto, el Edomex quitó a Chihuahua el título de campeón en feminicidios (incluido el de Paulette), La Familia Michoacana extendió sus dominios hasta Valle de Bravo, y en los municipios conurbados con el DF –Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Neza– siguen empeorando las inundaciones.

No cabe duda: los priístas sí saben. En el informe que Bernardo Barranco presentó, como titular de la comisión ciudadana que observó los recientes comicios en el estado de México, destaca un hecho clave. Las brigadas del PRI no iban a las visitas domiciliarias a preguntar a la gente qué necesitaba, o prometerle nada a cambio de su voto. Llegaban, tocaban y cuando les abrían, informaban como genios recién salidos de la lámpara de Aladino: a usted le hace falta un tinaco rotoplas de 200 litros, aquí lo tiene. A usted, el cacomixtle le comió sus gallinas ponedoras, aquí le traemos 25. A usted...

Si de acuerdo con los datos disponibles, Moreira, Herrera y Peña Nieto acumularon un adeudo conjunto de 92 mil millones de pesos (poco menos de 9 mil millones de dólares), debemos felicitarlos. Ellos solitos harán que las generaciones venideras paguen el equivalente a casi la sexta parte de los 65 mil millones de dólares que Ernesto Zedillo, y Calderón, convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa.

En 1998, para cubrir los intereses de la deuda externa de México –que era de 88 mil 516 millones de dólares– y del Fobaproa, Hacienda pagó 45 mil millones de dólares: la mitad del presupuesto de egresos de 1999. Pero Zedillo manipuló las elecciones de 2000, para entregarle el poder a los panistas. Alabado sea porque hoy, de acuerdo con Enrique Galván Ochoa, la deuda del sector público federal es de 3 millones de millones de pesos, “cifra similar al monto del presupuesto de egresos de 2011, que fue de 3 billones de pesos y fracción”.

En Nuevo León (ya es vox populi), el gobierno de Nati González Parás vendió Monterrey a dos cárteles: la mitad al de Sinaloa, la mitad al del Golfo. La línea divisoria era la avenida Gonzalitos. Todo se pudrió cuando los del Golfo rompieron con Los Zetas: éstos los mandaron a Tamaulipas y tomaron el control de bares, salones de baile, tables-dance y casinos. Testigos presenciales han dicho a Desfiladero, que para echarles a perder esos negocios, los del Golfo provocaron matanzas como la del Sabino Gordo, cerca de la estación de autobuses, donde abundan las salas de masaje, los músicos de fara-fara y los antros con ficheras, o la de La Iguana, último punto de reunión de la gente fresa del Tec, en el Barrio Antiguo, ahora reducido a minipueblo fantasma.
Protegido por Emilio Chuayffet –que a pesar de haber sido responsable de la matanza de Acteal, preside otra vez la Cámara de Diputados–, Nati heredó Nuevo León a su secretario de Gobierno. Pero éste huyó a McAllen, y desde ahí despacha por teléfono. Para apresurar su caída antes de octubre (a efecto de evitar que lo remplace un interino y, por lo tanto, adelantar nuevas elecciones, que coincidirían con las presidenciales y que, dadas las circunstancias, ganaría el PAN en ambos casos) los panistas pisaban el acelerador a fondo, desestabilizando a Rodrigo Medina hasta que...

Sí, hasta que sobrevino la matanza del casino Royale, aparente respuesta del PRI, o sea, de Moreira y Peña Nieto, para frenarlos en seco. Después de prometer, como disco rayado, que investigará “hasta las últimas consecuencias”, Calderón tuvo que tragarse sus palabras cuando El Norte dio a conocer los videos en que Jonás Larrazabal, hermano de Larry (así le dicen al alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazabal), recogía abultados tambaches de dinero –¿por vender quesos oaxaqueños?– en diversos casinos de la ciudad.

En esta ocasión las televisoras no difundieron esos videos 25 horas al día. El señor de los quesos no es El señor de las ligas, sino hermano del máximo promotor de la candidatura presidencial de Ernesto Cordero en Nuevo León. Aunque sean sospechosos de vender protección a lugares que pueden ser achicharrados si sus dueños no pagan–, Jonás y Fernando Larrazabal acaban de entrar al club de los impunes.

Ahí podrán codearse con Germán Larrea, culpable del asesinato industrial de 65 mineros en Pasta de Conchos, o con la prima de Margarita Zavala, cuya corresponsabilidad permitió que 49 bebés murieran quemados en la guardería de Hermosillo, o con Enrique Coppel, que encerró a seis de sus empleadas en una tienda de Culiacán y nada hizo por salvarlas cuando estalló un incendio.

Pero de la guerra del PRI contra el PAN y de todos contra el pueblo, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho no están al margen. Ambos llevaron a la gubernatura de Guerrero a Ángel Aguirre con los votos del PRD; no bien tomó el poder, Aguirre aseguró que se construirá, duélale a quien le duela, la presa de La Parota, contra la que llevan luchando años las bases del PRD. Y si después de ese triunfo, logrado en combinación con el PAN, Ebrard repitió la fórmula en Sinaloa, hizo gobernador a Malova y dijo que “las alianzas de la izquierda con la derecha llegaron para quedarse”, ahora resulta que Malova es sospechoso del asesinato del periodista Humberto Millán, y ha empujado, por precaución, al exilio, al excelente reportero que es Luis Enrique Ramírez.

Vivimos en un país sin jueces, por tanto, sin ley. Los ministros de la Suprema Corte dijeron que el Poder Legislativo no tiene derecho de impugnar la entrega ilegal de tres pozos petroleros a empresas extranjeras. Pemex se negó a construir una sola refinería en todo el sexenio, pero comprará en 21 mil millones de dólares parte de Repsol. Aunque no se ha aprobado la ley de seguridad nacional, Calderón militarizó Monterrey. Dos reporteras capitalinas fueron asesinadas antenoche en Iztapalapa y todavía no renuncia en pleno el gabinete de seguridad nacional. Ahí viene la la reforma laboral, que indignó a los jóvenes españoles, y arrebatará el futuro a los jóvenes mexicanos. ¿Qué pasa? Si estamos en la calle, ¿por qué no estamos en la calle?

jamastu@gmail.com

publicado en la Jornada