Oaxaca: los agravios bárbaros

Adolfo Gilly

Cuando se utiliza la fuerza del garrote, la primera víctima es la razón, sostuvo ayer en Oaxaca el obispo Raúl Vera López.

En el acto de presentación del informe preliminar sobre Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), el sábado 20 de enero pasado, Carlos Monsiváis planteó la siguiente pregunta:

"Un punto a debatir en el análisis cultural del conflicto: ¿por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido sin deliberar que es mejor ver de soslayo o no

enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?"

Sin embargo el informe preliminar de la comisión, resultado de un total de 420 entrevistas a todos los sectores del conflicto, incluídas autoridades estatales y federales, organizaciones, presos y ciudadanos oaxaqueños ajenos al conflicto, es terminante. El primer punto de sus conclusiones dice:

"La comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".

Es decir, no se trata de "excesos" o de "actos aislados" sino de una estrategia gubernamental para paralizar por el miedo, no a las formaciones políticas existentes, sino precisamente a estos procesos y movimientos de la sociedad.

Las muertes y desapariciones documentadas en las cinco primeras conclusiones (1 a 5) del informe convergen en ese objetivo: aterrorizar a la población mediante "ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas", precisa el punto 5.
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