28, 01, 2007
Miguel Ángel Granados Chapa
Oaxaca en Europa
Quizá el asedio de otras preocupaciones ha impedido que se tome conciencia de lo que ha pasado en el último semestre en Oaxaca. Deseamos que eso sea, y no que hayamos esterilizado nuestra conciencia al punto de no reaccionar
El presidente Felipe Calderón se encontrará con Oaxaca en Europa: ya un piquete de protesta ingresó el jueves en el palacio presidencial en Berlín, primera etapa de la gira europea del mandatario mexicano, para expresar su repudio a la violación de derechos humanos en nuestro país. No se excluye que manifestaciones semejantes aparezcan en Londres y Madrid, cuando Calderón llegue allí tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Si no es en las calles, entre grupos de exaltados activistas, es probable que miembros del Parlamento europeo lo interpelen, en esas capitales, a propósito de la situación oaxaqueña. Han recibido ya los legisladores europeos -y el Congreso de los Diputados de España, y el Parlamento catalán- un adelanto del reporte preparado tras una estancia de un mes por los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de por Derechos Humanos.
No es halagüeña la descripción que ese informe hace de lo que pasa en Oaxaca. No estuvieron allí un día, como derogatoriamente quiere hacer creer el gobernador Ulises Ruiz, sino cuatro semanas. Y su trabajo fue intenso: se entrevistaron con más de 400 protagonistas, de uno y otro lado, del conflicto que aún prevalece en esa entidad. Cuando fue presentada la versión preliminar, hace una semana, la directora de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Diez Hidalgo, descalificó a la comisión investigadora y, sin conocerlo, desestimó el reporte. Reprochó al grupo, al que tildó de desconocido en el mundo y falto de credibilidad, de haber difundido el informe antes de un segundo encuentro con el subsecretario de Gobernación Abraham González. Esa cita no se realizó, efectivamente, porque los funcionarios de Bucareli la aplazaron sine die. Tampoco, en consecuencia, la comisión pudo entrevistar en el penal de alta seguridad del Altiplano a Flavio Sosa, como sí lo hizo con su hermano Erick en la cárcel Norte, en Matamoros, y con los presos que aún están recluidos en Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Cosolapa, Zaachila, Etla e Ixcotel -de donde hace años se fugó Pedro Díaz Parada, capturado de nuevo, por casualidad y trasladado, como si fuera un activista de la APPO, al penal antiguamente llamado de La Palma.
Al gobernador Ruiz le va bien ese desdén federal. Le ha ido bien cuanto ha hecho en su favor la Federación. Antes de dos meses -que se cumplirían mañana- se ha retirado la Policía Federal Preventiva, que a mandarriazos contuvo y reprimió en diversas fechas a los manifestantes contrarios a Ruiz (y de paso perjudicó a decenas de personas ajenas a todo conflicto a las que sus agentes arrestaron, maltrataron y hicieron procesar por nada, porque sí, porque a alguien se le ocurrió hacerlo). Ha quedado de nuevo, el gobernador, a cargo del orden público, que preserva a través de la secretaría de protección ciudadana, que en las etapas más crudas del conflicto se caracterizó por la virulencia de sus acciones, las reconocidas, realizadas por uniformados, y las clandestinas, efectuadas a la sombra de la noche con impunidad garantizada.
El apretado diagnóstico realizado por la Comisión Civil Internacional incluye 41 conclusiones y 18 recomendaciones. Aquellas se agrupan en siete apartados: respecto a muertos y desaparecidos, vulneraciones legales, afectaciones psicosociales y sanitarias, medios de comunicación, hostigamiento y amenazas a defensores de derechos humanos, respecto a mujeres y respecto de personas y pueblos indígenas.
Cuando el informe se presentó, el sábado 20, Carlos Monsiváis se preguntó, sin duda preocupado: "¿Por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido, sin deliberar, que es mejor ver de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?" Tiene razón el polígrafo mexicano. Quizá el asedio de otras preocupaciones -en el pasado inmediato la organización de la resistencia civil pacífica, en los días que corren la protesta contra la carestía- ha impedido que se tome conciencia de lo que ha pasado en el último semestre en Oaxaca. Deseamos que eso sea, y no que hayamos esterilizado nuestra conciencia al punto de no reaccionar, como lo hizo la sociedad mexicana en otro enero, el de 1994, cuando masivamente se pidió que estallara la paz en Chiapas.
La Comisión documentó la muerte violenta, en aquel lapso, de 23 personas, tres más que las mencionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y más del doble de las reconocidas por la Procuraduría estatal de justicia. Otras personas han desaparecido, sin que pueda precisarse cuántas, porque hay temor entre los deudos a presentar denuncias. Muertes y desapariciones no son casuales: "se producen en momentos en que se detecta una subida del nivel de violencia y enfrentamientos, que corresponde a la puesta en marcha de operativos diseñados con este fin. En dichos operativos se constata la participación y coordinación de diferentes autores materiales e intelectuales. Sirvan de ejemplo los numerosos testimonios que constatan que el día 27 de octubre de 2006 tuvo lugar un operativo coordinado que produjo hechos de gravedad en el municipio de Santa María Coyotepec y en otros lugares de manera correlativa en el tiempo".
La Comisión señala específicamente los asesinatos de los periodistas Bradley Will y Raúl Marcial Pérez. En las pesquisas respectivas "no se han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el… apartado de vulneraciones legales". Este apartado es pródigo en anotaciones. Comprende 19 conclusiones, más de la mitad del total. Algunas son de orden general, como marco en que todas las demás han ocurrido: "Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación".
Otras conclusiones son más específicas, como las dedicadas a describir la represión: "Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellos han participado cuerpos policiacos federales, estatales, municipales y grupos de elite, incluso con intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunas ocasiones utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos".
También: "Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres".
Respecto a mujeres, la Comisión "ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc.)… Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos".
Y respecto de personas y pueblos indígenas, "no se ha garantizado la asistencia de intérpretes en las diligencias policiales y judiciales". Etcétera.
Es fácil que la sociedad y sobre todo las autoridades pasen de largo ante ese documento. Tenemos que blandirlo para hacerlo valer.
ir a fuenteCorreo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
