LA SUBASTA DE MEXICO

Publicado en Revista Regeneración Noviembre de 2010

El sexenio de la corrupción

Empresas de Holanda, Japón, EU, Alemania,Canadá, Francia o Antillas Holandesas han sobornado a funcionarios de Pemex, CFE, Secretaría de Salud, Dirección General de Aduanas, Luz y Fuerza del Centro para conseguir contratos. Eso es lo que se sabe, pero hay mucho más. El de Felipe Calderón es ya el sexenio de la corrupción.Mientras en EU hay un juicio contra ABB de Suiza, por sobornar a Néstor Moreno, brazo derecho de Alfredo Elías Ayub, por contratos
de 100 millones de dólares, en México,Calderón garantiza impunidad a sus amigos.

1. Siemens de Alemania pagó millones de dólares a funcionarios de Pemex
por modernizar refinerías.
2. Orthofix de Antillas Holandesas, hizo pagos ilegales a funcionarios del Sector
Salud.
3. Blackfire de Canadá, acusada del asesinato de Mariano Abarca opositor a la
mina en Chicomuselo, Chiapas, pagó al alcalde a cambio de permisos a la mina.
4. Syncor de EU, la farmacéutica pagó a funcionarios de hospitales públicos
por adquirir sus productos.
5. Areva y Alstom de Francia pagaron 40 millones de dólares a Alfonso Caso
director de LyFC.
6. Pardigm de Holanda obtuvo contratos de Pemex con sobornos por 1.4
millones de dólares.
7. Crawfort Enterprises INC de EU compró contratos de Pemex por 230
millones de dólares.


El PRI y PAN en el Senado, aprobaron el 12 de octubre pasado, la Ley de Asociaciones Públicas Privadas.Esta ley anticonstitucional permite la subasta más salvaje de bienes y servicios públicos del país. Al grado de que el gobierno prácticamente desaparecerá y se convertirá en un simpe administrador de contratos, ya que
entregará las responsabilidades del Estado a empresas privadas y les pagará
por ello.
De esta forma, las cárceles, manejo del agua, la educación, la salud, el manejo
de presas y hasta la seguridad pública,quedarán en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras. Esa ley significa el desmantelamiento del Estado mexicano.
La Ley de Asociaciones Públicas Privadas, ahora en manos de la Cámara de Diputados, permite la contratación y concesión hasta por 40 años a empresas privadas de todo tipo de infraestructura (escuelas, carreteras,hospitales, plantas hidroeléctricas,
telecomunicaciones), así como todo tipo de prestación de servicios públicos
(agua, energía eléctrica, transporte urbano, recolección de basura,tratamiento de desechos, seguridad y hasta panteones).El dictamen pretende ser aprobado
fast track en la Cámara de Diputados antes de termine el actual periodo de
sesiones.
Si esta ley entra en vigor va a inaugurar una etapa en la corrupción pública
más abierta. Es la peor herenciaque dejaría Calderón. Se sustituye a la autoridad pública en la creación de infraestructura necesaria, dejando a los particulares la administración de la misma, no se promueve la infraestructura,sino buenos negocios paralos funcionarios en turno.
Esa ley propuesta por Calderón viola el artículo 28 constitucional al incluir
"la prestación de servicios” reservados para el Estado y en manos de los particulares
las decisiones en obras y servicios.Viola las facultades del Congreso que no podrá fiscalizar los recursos de esos proyectos a pesar de ser públicos.
Las APP, los negocios del sexenio En los hechos, el esquema de las asociaciones
públicas-privadas (APP) ya existe en varias de las grandes obras de infraestructura que financia Banobras,en los proyectos de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y en las concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Oscar de Buen, presumió en marzo de 2010 ante empresarios españoles que existe una bolsa de 250 mil millones de dólares previstos en el Programa de Infraestructura para el periodo 2007-2012.
"Las empresas españolas se han convertido en líderes mundiales en asociaciones públicas-privadas", afirmó De Buen, quien ofreció en Madrid que tanto Banobras como la SCT pueden otorgar financiación.
Banobras presume como "casos de éxito" varios proyectos de asociación público-privada hasta por 30 años,como el Viaducto Bicentenario, que se construye en el Estado de México y fue concesionado a la empresa española OHL. La obra del Viaducto Bicentenario abarca 22 kilómetros y tendrá un costo de 120 mil millones de pesos.
OHL, la empresa concesionaria, cobrará a cada uno de los automovilistas
que circulen por esta vía 1.32 pesos por kilómetro y se calcula un aforo de
hasta 60 mil automovilistas diarios.
Otra obra con el esquema APP es el Centro Integralmente Planificado
"Costa Pacífico", construido como un polo turístico en la región de Mar de
Cortés, en Sinaloa. Se prevé la construcción de 33 mil 100 cuartos de alojamiento
y vivienda.
Banobras informó que "en febrero de 2009 se concretó la formación del apoyo".
También bajo este esquema, la SCT concesionó la construcción de la autopista
Arriaga-Ocozocuatla, en Chiapas,el libramiento norponiente de la autopista
Monterrey-Saltillo, la modernización de la carretera Irapuato-La Piedad.
Los gobiernos de Nayarit, Estado de México y Chiapas, entre otros, han utilizado
esta figura para concesionar a privados el relleno sanitario a empresas
de residuos sólidos en Coacalco y Nicolás Romero, Estado de México, y en Tuxtla Gutiérrez.
Sin embargo, es la Comisión Federal de Electricidad la que ha atraído
proyectos de mayor envergadura bajo la figura de APP. Es el caso de las plantas
hidroeléctricas El Gallo, Chilatán y Trojes en los estados de Guerrero,
Jalisco y Michoacán; la construcción e instalación de 6 líneas subterráneas
de distribución de energía eléctrica en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo,
Querétaro y Zacatecas; la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico en Cerro Prieto; y el proyecto de cogeneración de energía eléctrica en el Complejo Procesador de Gas Nuevo PEMEX,ubicado a 38 kilómetros de Villahermosa,
Tabasco. Y ahora también con ese esquema, quieren hacer la presa La Parota, en Guerrero.
Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, cita los
ejemplos de dos hospitales de alta especialidad,construidos bajo el esquema
de APP, antes de que se apruebe la ley. "El de León lleva tres años de funcionamiento,
apenas trabaja al 40 por ciento de su capacidad y dedica el 65 por ciento de su presupuesto al pago de la constructora-administradora Acciona y el 35 por ciento a la atención médica”.
"El de Ciudad Victoria, que se inauguró hace un año, sólo hospitalizó a 77 pacientes entre marzo y diciembre y ahora se prepara para hacer ¡liposucción!.Sin embargo, el gobierno federal lo aceptó fraudulentamente como terminado y ha desembolsado
del erario público unos 216 millones al contratista Marhnos, socio del panismo",
refiere Laurell.
Con esta ley el gobierno traspasa sus responsabilidades a la iniciativa privada en áreas sustantivas, pero,ante todo, crea nuevos negocios con ganancias xtraordinarias para sus empresarios y consultoras preferidos,entre los que se encuentran, por ejemplo,Gerardo Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, Olegario
Vázquez Raña, Carlos Slim, las grandes compañías constructoras, entre otros.
Si te interesa, podemos enviarte el archivo pdf del periodico Regeneracion de noviembre 2010