Enredados

Bajo la Lupa
Detrás de “la enmienda Arizona SB 1070”: la bursatilización carcelaria privada

Alfredo Jalife-Rahme

Antecedentes: no fue gratuito que la última obra de Samuel Philipps Huntington, Quiénes somos (2004), haya versado sobre su intensa mexicanofobia (extensiva a su latinofobia).

Que Huntington –anterior funcionario del Consejo de Seguridad Nacional estadunidense y polémico teórico de un nuevo orden mundial de corte multirracial que plasmó en su Choque de civilizaciones (artículo en Foreign Affairs, verano 1993; y libro en 1996)– haya sido humillantemente rechazado dos veces por la Academia Nacional de Ciencias no alteró el trayecto ominoso de su tesis de odio global.

La ambientación escenográfica de la islamofobia estadunidense fue proveída por los presuntos atentados terroristas mahometanos del 11/9, ocho años más tarde al Choque de civilizaciones, que desembocaron en las invasiones a tres países musulmanes: Afganistán, Pakistán e Irak.

Hechos: la enmienda SB 1070 se gesta 17 y nueve años más tarde al Choque de civilizaciones y al 11/9, respectivamente, tras su siembra ideológica en una opinión pública muy sugestionable de Arizona, muy bien nutrida por el linchamiento antimigratorio de los multimedia en medio de una profunda crisis económica, lo cual aprovecharon las empresas carcelarias privadas de EU que cabildearon su creación y adopción legislativa con el fin de obtener suculentas ganancias bursátiles, según Laura Sullivan, La economía de las prisiones, NPR, 28 y 29/10/10.

En síntesis: a mayor detención de “inmigrantes ilegales” mexicanos y latinos se obtiene una maximización del llenado de las prisiones privadas, en forma individual o en “alianzas estratégicas” (con autoridades muncipales, estatales y federales), donde las empresas privadas carcelarias –que, por cierto, cotizan en la bolsa neoyorquina de valores– obtienen óptimas ganancias gracias al criterio cuantitativo.

Una cárcel llena de “inmigrantes ilegales” genera similares ganancias a los estadios de futbol repletos de aficionados.

Sullivan devela que NPR “analizó durante varios meses centenas de páginas de documentos” que desglosan “los esfuerzos tranquilos (sic) tras bambalinas de la industria privada carcelaria para ayudar a redactar (sic) y aprobar (sic) la enmienda SB 1070”, mediante la cual “las empresas privadas carcelarias […] tienen un plan, un nuevo modelo (sic) de negocios para encerrar a los inmigrantes ilegales”.

Tal “ley” es susceptible de “enviar cientos de miles de inmigrantes indocumentados a la cárcel en forma nunca hecha. Y puede significar centenares de millones de ganancias para las firmas privadas carcelarias responsables (sic) de hospedarlos (sic)”.

En diciembre de 2009, en el hotel Grand Hyatt de Washington, “el grupo secreto (sic) Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense” (ALEC, por sus siglas en inglés) se reunió para diseñar la SB 1070, cuyo encargado, presente en la reunión, fue el senador por Arizona, Russell Pearce (RP), por cierto, asiduo de las aglomeraciones atrabiliarias del Partido del Té.

Comenta que ALEC es un grupo secreto de “legisladores estatales y poderosas trasnacionales, como la tabacalera Reynolds American Inc, la petrolera ExxonMobil y la Asociación Nacional del Rifle”. ¡Pura beldad!

Destaca entre sus miembros “la multimillonaria (sic) Corrections Corporation of America (CCA), la mayor empresa privada carcelaria de EU”.

Si la URSS estatizó su Archipiélago Gulag (obra inmortal de Alexander Solzhenitsyn), EU lo privatizó.

La “enmienda modelo (sic)” SB 1070 “era importante” para la CCA, cuyos “ejecutivos”, que no verdugos, “creen que la detención de inmigrantes es su próximo gran (sic) mercado”, pues “esperan aportar una parte significativa (sic) de sus ingresos de la inmigración y de Customs Enforcement, la agencia que detiene a los inmigrantes ilegales”.
leer completo en la Jornada