Pemex: ¿destino manifiesto?

Carlos Montemayor

Hace algunos meses comentamos que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a los oleoductos en Quintana Roo, Guanajuato, y otros estados de la República, fue la inesperada reconversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un “patrimonio de todos los mexicanos”. En las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, privatización y endeudamiento para preparar y forzar su desaparición total como empresa pública. Su carácter de fondo revolvente del gobierno federal, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción lo apartan cada vez más del desarrollo industrial y económico del país. En este contexto, no carecían de sentido los primeros comunicados del EPR: Pemex ha dejado de ser un “patrimonio de todos los mexicanos” y se ha convertido en uno de los intereses de grupos trasnacionales; se trata de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados y no “patrimonio de todos”.

El afán de políticos nuevos y viejos por abrir el sector energético a trasnacionales estadunidenses y europeas tiene como eje recurrente afirmar que faltan recursos para dar mantenimiento y modernizar el equipo complejo del sector. En los años anteriores a 1938, las grandes compañías holandesas, británicas y estadunidenses suspendieron el mantenimiento a sus instalaciones petroleras a fin de disuadir a las autoridades mexicanas de una posible expropiación. Con la política económica iniciada hace cuatro sexenios, en cambio, se decidió que los recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de Pemex se fueran reduciendo con el objeto de que la estructura petrolera mexicana llegara a deteriorarse tanto que fuera necesario privatizarla. Antes de 1938 se buscó deteriorar la industria petrolera para que no se nacionalizara. Ahora se buscó su deterioro para privatizarla. Estos procesos históricos de México son asombrosos.

Que la misma estrategia se aplique dos veces en menos de 70 años es sorprendente. Sobre todo porque tanto en el caso de evitar la expropiación como en el de privatizar se piensa que los hidrocarburos son un asunto privado, no público. Están dispuestos hoy los políticos a abrir las puertas de Pemex para que retornen las viejas grandes compañías, o las empresas que descienden de los grandes consorcios petroleros que en la década de los 30 extorsionaron a México. Como decíamos hace algunos años, el pasado no terminó de irse y el futuro no acaba de ser nuevo.

ver columna en Jornada