Porque el desgobierno no dice...?

¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda
claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos
de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende
hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en
América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas
por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si
se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo
planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la
iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver -sin mayor
complicación- que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno '...los sectores social y privado,
previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y
distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de
petroquímicos básicos... PEMEX podrá contratar con terceros los servicios de refinación de
petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios
(anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos'.
Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización
heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que
permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la
industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos
de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la
industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del
Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene
acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los
últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una
cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió
aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos
servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos
bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos
parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los
procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y
de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus
letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién
es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido
ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de
aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales,
académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad
de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de
escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en
México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: 'Me queda
claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México'. Acababa de escuchar que en
los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de
Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México
representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que
Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex
secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre
Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y
presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: 'No se puede
privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el
caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex'. Para Ripley. Gil Díaz
fue más allá: 'Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una
captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos
gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le
permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite
extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica'. No queda claro si Gil
estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero.
Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta
petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena
redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro
Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?

Carmen Aristegui F.
25 Abr. 08