Yunes, el rostro de la represión

Autor: Ana Lilia Pérez

Su pasado, no muy lejano, persigue a Miguel Ángel Yunes Linares. Las torturas, detenciones arbitrarias, homicidios y abusos de toda índole que –según denunciantes– habría cometido desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz en el periodo de Patricio Chirinos, son indelebles, aunque él le apuesta al olvido

Veracruz, Veracruz. El día en que el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), José César Nava Vázquez, oficializó su designación como candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares exhortó a sus conciudadanos a que se olvidaran de su pasado. En un dejo, que para unos supuso ingenuidad, para la mayoría cinismo, pretendió borrar sus años como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, en los cuales, a pulso, se forjó una historia como represor.

Entre 1992 y 1997, con un gobernador ausente –consagrado a estrechar sus relaciones públicas en Los Pinos con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo–, Yunes Linares fue más que la mano dura de Chirinos: tomó el control de la administración en sus manos, diseminando una estela de terror, abusos y tortura particularmente en contra de los indígenas y campesinos que exigían la regularización en la tenencia de sus tierras, para favorecer a los caciques. Aún hoy, a más de una década, su nombre despierta el espanto lo mismo en la región serrana del norte del estado, que en las urbes del sur como Coatzacoalcos, donde a los vendedores ambulantes se les desalojaba a toletazos.

Sus excesos le merecieron cientos de quejas y una docena de recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904, CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se refieren a detenciones y encarcelamiento extrajudiciales, torturas, asesinatos, e incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la Huasteca, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de Desarrollo Humano del estado.

El caso más conocido no sólo por la saña sino porque escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el del asesinato y tortura de los indígenas Atanasio Hernández Hernández, de 17 años de edad, y Rolando Hernández Hernández, de 26 años, en la comunidad Plan del Encinal, en Ixhuatlán de Madero. Tras probar los agravios, desde 1998 la CIDH resolvió que el Estado mexicano debía abrir las indagatorias judiciales contra los responsables e indemnizar a los deudos. Para el presidente Felipe Calderón, la ordenanza del organismo internacional es letra muerta, en cambio conduce a Yunes a la gubernatura del estado.

La masacre del Encinal

Les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les mutilaron los testículos y les destrozaron los intestinos; sus brazos, los que labraban la tierra, fueron escocidos a verdugones. El 12 de septiembre de 1994, Rolando y Atanasio Hernández Hernández aparecieron con huellas de tortura tumultuaria y el tiro de gracia en los márgenes del río Chiflón, a 8 kilómetros del terruño familiar en Plan del Encinal. Sus maltrechos cuerpos bañados en sangre seca y aún hinchadas las heridas.

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