Privatización de facto del sector eléctrico

Autor: Ana Lilia Pérez

18 Octubre 2009

Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país

Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.

En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.

Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.

La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.

A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.

Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.

Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.

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