Desde en denantes,como dicen en mi pueblo,ya se conoce quienes no pagan impuestos en esta especie de pais.
Estas son sólo algunas del listado:
Carlos Slim, Cemex, Grupo México, Fomento Económico Mexicano, Grupo Alfa, Grupo Modelo, Grupo Maseca, Grupo Financiero Banorte, Grupo Bimbo, El Palacio de Hierro, Organización Soriana, Grupo Televisa, Coppel, Empresas ICA, Comercial Mexicana, Liverpool, Axtel y Avantel, Grupo Xignux, Mabe, Industrias Bachoco, Vitro, Casas Geo y Kimberly-Clark mexicana de Aviación, Industrias Unidas, Grupo Famsa, las empresas pertenecientes a Carlos Hank Rhon, Consorcio ARA, Sare, Grupo Martí, Copamex y Grupo Industrial Saltillo,televicia,apezta 13,las del difunto,las del cuñado etc etc.
y las que supuestamente lo hacen, no pagan mas de 200 pesos anuales,porque el "marco legal"se los permite.
Esa es la herencia del partido que sigue desgobernando este pais a través de sus socios panistas.
La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito. Ernest Renan
29 octubre 2009
las pandillas en el congreso
Los que van a resolver sobre el incremento de impuestos propuesto por el dictadorzuelo espurio y el inútil e inepto ejecutivo de cuenta que despacha en hacienda,le cuestan al pueblo mas o menos esto:
Está claro que cuando se habla de "los 500" , la referencia es a los diputados federales, cuya popularidad en todas las encuestas está en los últimos lugares, junto con los policías judiciales.
En estos días ha arreciado el reproche social al despilfarro que representa el sostenimiento de los 500 diputados federales, cosa que hemos soportado estoicamente durante años. Una rápida revisión de sus prebendas explica por qué a los mexicanos el Poder Legislativo nos cuesta nueve mil millones de pesos al año y, con el Poder Judicial, en otro nivel de excesos, no da cuentas a nadie, haciendo de la transparencia un asunto sólo de los demás y del fuero, tapadera.
Los diputados tienen un sueldo mensual, dieta, le llaman, de 105 mil 370 pesos, que restados los impuestos, les dejan 77 mil 745. Hace poco hubo un escándalo al saberse que sus impuestos se los pagaba la Cámara, a cargo del mismo presupuesto legislativo. De su ingreso pueden ahorrar 12 por ciento para un fondo de retiro, aportándoles la misma Cámara otro 12 por ciento. A esto suman dos pagos mensuales más: 28 mil 772 pesos de ayuda ciudadana y otro que es de escándalo, 45 mil 786 pesos más por ¡asistencia legislativa!
Es decir, otro sueldo por asiduidad, lo que es su obligación y por lo que ya cobran la dieta.
Reciben gratis, claro, un seguro de gastos médicos mayores para ellos, sus padres, su cónyuge y sus hijos y el pago de gastos médicos que abarcan dentista, optometrista y lentes gratis. Además, gastos funerarios para la misma parentela, que representa un mes de dieta.
Cupones de avión con la tarifa más alta para cambiar por cuatro boletos mensuales, tres si están en receso. Ayuda terrestre de hasta diez mil pesos mensuales a los que viven en un radio menor a 300 kilómetros, ¡los del Distrito Federal incluidos!, y una tarjeta IAVE para cada uno de los 500
legisladores.
A esto hay que añadir aguinaldo, vacaciones, ayuda para gasolina, pago de celular y asistentes.
En algunos casos coche y chofer. Y TODAVÍA FALTA EL BONO DE RETIRO POR $1.6 MILLONES QUE YA SE AUTORIZARON LOS SENADORES. TODOS SON UNA BOLA DE RATAS., DEL PARTIDO QUE SEAN.
Esta relación de privilegios es un insulto para los mexicanos, peor en tiempos de crisis, y el esconderlos como servicios a la Patria, una ofensa imperdonable. Pero así son y el poder los hace iguales.
Lo novedoso es el adjetivo de "parásitos", que muchos acreditan a diputados federales.
Fuerte, sobre todo si se recurre a la Real Academia : "Parásito. Que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo".
Sin duda enojará a muchos de los nuevos diputados federales a la 61 Legislatura -de todos los partidos-, pero lo cierto es que tienen bien ganado el adjetivo. Díganlo si no las siguientes perlas.
El semanario Emeequis documentó que la saliente 60 Legislatura gastó -de 2006 a 2009:
-12.72 millones de pesos en galletitas, café y leche
- 6.8 millones en botellas de agua
- 126 millones en comidas en eventos y vales de alimentos
- 613 millones en boletos de avión
- 670 millones de seguros médicos
- 190 millones en teléfonos fijos
- 32 millones en celulares
Además, cada diputado recibe vales para gasolina, tarjeta IAVE para pasar gratis las carreteras, 45 mil pesos mensuales por asistir a su trabajo, 28 mil mensuales para ayuda ciudadana.
No es todo. Excélsior documentó opacidad en 12% del presupuesto. Es decir, de los 5 mil millones que cuesta la Cámara de Diputados, los coordinadores apartan 600 millones, cuyo gasto no revelan a nadie, conocido como "asignación a grupos parlamentarios". Y como son ciudadanos "de otra especie", los diputados no sólo tienen fuero, sino que no pagan impuestos. Reciben ingresos limpios.
¿Son o no parásitos?
Pero existen más datos que ofenden a todos. ¿Sabe usted cuánto gana un diputado? Bien a bien, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque depauperan el dinero público hasta para pagar peluquero, dentista, y enfermedades de ex esposas. Por eso, Milenio calculó las horas trabajadas por sesión, de martes y jueves. Concluyó que ganan mil 869 pesos por hora laborada. Es decir, 160 veces el salario mínimo.
¿Son o no parásitos?
Los diputados de la 60 y ahora la 61 Legislatura son -igual que senadores, jueces, gobernadores, alcaldes y funcionarios federales-,la casta divina del Estado. Parásitos azules, amarillos y tricolores.
¡Pueblo organizate para la lucha! YA BASTA!
Está claro que cuando se habla de "los 500" , la referencia es a los diputados federales, cuya popularidad en todas las encuestas está en los últimos lugares, junto con los policías judiciales.
En estos días ha arreciado el reproche social al despilfarro que representa el sostenimiento de los 500 diputados federales, cosa que hemos soportado estoicamente durante años. Una rápida revisión de sus prebendas explica por qué a los mexicanos el Poder Legislativo nos cuesta nueve mil millones de pesos al año y, con el Poder Judicial, en otro nivel de excesos, no da cuentas a nadie, haciendo de la transparencia un asunto sólo de los demás y del fuero, tapadera.
Los diputados tienen un sueldo mensual, dieta, le llaman, de 105 mil 370 pesos, que restados los impuestos, les dejan 77 mil 745. Hace poco hubo un escándalo al saberse que sus impuestos se los pagaba la Cámara, a cargo del mismo presupuesto legislativo. De su ingreso pueden ahorrar 12 por ciento para un fondo de retiro, aportándoles la misma Cámara otro 12 por ciento. A esto suman dos pagos mensuales más: 28 mil 772 pesos de ayuda ciudadana y otro que es de escándalo, 45 mil 786 pesos más por ¡asistencia legislativa!
Es decir, otro sueldo por asiduidad, lo que es su obligación y por lo que ya cobran la dieta.
Reciben gratis, claro, un seguro de gastos médicos mayores para ellos, sus padres, su cónyuge y sus hijos y el pago de gastos médicos que abarcan dentista, optometrista y lentes gratis. Además, gastos funerarios para la misma parentela, que representa un mes de dieta.
Cupones de avión con la tarifa más alta para cambiar por cuatro boletos mensuales, tres si están en receso. Ayuda terrestre de hasta diez mil pesos mensuales a los que viven en un radio menor a 300 kilómetros, ¡los del Distrito Federal incluidos!, y una tarjeta IAVE para cada uno de los 500
legisladores.
A esto hay que añadir aguinaldo, vacaciones, ayuda para gasolina, pago de celular y asistentes.
En algunos casos coche y chofer. Y TODAVÍA FALTA EL BONO DE RETIRO POR $1.6 MILLONES QUE YA SE AUTORIZARON LOS SENADORES. TODOS SON UNA BOLA DE RATAS., DEL PARTIDO QUE SEAN.
Esta relación de privilegios es un insulto para los mexicanos, peor en tiempos de crisis, y el esconderlos como servicios a la Patria, una ofensa imperdonable. Pero así son y el poder los hace iguales.
Lo novedoso es el adjetivo de "parásitos", que muchos acreditan a diputados federales.
Fuerte, sobre todo si se recurre a la Real Academia : "Parásito. Que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo".
Sin duda enojará a muchos de los nuevos diputados federales a la 61 Legislatura -de todos los partidos-, pero lo cierto es que tienen bien ganado el adjetivo. Díganlo si no las siguientes perlas.
El semanario Emeequis documentó que la saliente 60 Legislatura gastó -de 2006 a 2009:
-12.72 millones de pesos en galletitas, café y leche
- 6.8 millones en botellas de agua
- 126 millones en comidas en eventos y vales de alimentos
- 613 millones en boletos de avión
- 670 millones de seguros médicos
- 190 millones en teléfonos fijos
- 32 millones en celulares
Además, cada diputado recibe vales para gasolina, tarjeta IAVE para pasar gratis las carreteras, 45 mil pesos mensuales por asistir a su trabajo, 28 mil mensuales para ayuda ciudadana.
No es todo. Excélsior documentó opacidad en 12% del presupuesto. Es decir, de los 5 mil millones que cuesta la Cámara de Diputados, los coordinadores apartan 600 millones, cuyo gasto no revelan a nadie, conocido como "asignación a grupos parlamentarios". Y como son ciudadanos "de otra especie", los diputados no sólo tienen fuero, sino que no pagan impuestos. Reciben ingresos limpios.
¿Son o no parásitos?
Pero existen más datos que ofenden a todos. ¿Sabe usted cuánto gana un diputado? Bien a bien, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque depauperan el dinero público hasta para pagar peluquero, dentista, y enfermedades de ex esposas. Por eso, Milenio calculó las horas trabajadas por sesión, de martes y jueves. Concluyó que ganan mil 869 pesos por hora laborada. Es decir, 160 veces el salario mínimo.
¿Son o no parásitos?
Los diputados de la 60 y ahora la 61 Legislatura son -igual que senadores, jueces, gobernadores, alcaldes y funcionarios federales-,la casta divina del Estado. Parásitos azules, amarillos y tricolores.
¡Pueblo organizate para la lucha! YA BASTA!
28 octubre 2009
Abuso de poder
El Correo Ilustrado
Retroceso social, el despido en LFC: juristas
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, expresa: El hecho de disolver una empresa pública de servicio vital para cualquier país –como la electricidad– y despedir a 44 mil trabajadores utilizando la fuerza es un abuso de poder que violenta la convivencia social. En el caso mexicano representa un retroceso histórico, al violentarse el artículo 123 de la Constitución que durante muchas décadas fue ejemplo a imitar en el constitucionalismo social de América Latina y el mundo.
Llama la atención que en estos tiempos de profunda crisis económica global y la quiebra de instituciones financieras y de empresas, gobiernos de otros países han rescatado estas empresas, con miles de millones de dólares del erario. Disolver una empresa pública simbólica justifica la pregunta de muchos mexicanos: ¿qué hay detrás del decreto de Calderón?
Esta brutal agresión a la clase trabajadora mexicana trasciende fronteras, porque se afectan derechos internacionales con plena vigencia en el ordenamiento interno de cada país, como el derecho al trabajo, al empleo estable y digno; la prohibición de los despidos arbitrarios y sin causa; la seguridad social; el derecho humano a un proyecto de vida; la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran las garantías consagradas en la Organización Internacional del Trabajo de empleo y libertad sindical.
Por lo anterior, la AAJ expresa solidaridad con los 44 mil trabajadores afectados y exige del gobierno mexicano la restitución de los derechos laborales y la revisión de la liquidación de la empresa.
Por la AAJ, Beinusz Szmukler y Vanessa Ramosleer en Jornada
Retroceso social, el despido en LFC: juristas
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, expresa: El hecho de disolver una empresa pública de servicio vital para cualquier país –como la electricidad– y despedir a 44 mil trabajadores utilizando la fuerza es un abuso de poder que violenta la convivencia social. En el caso mexicano representa un retroceso histórico, al violentarse el artículo 123 de la Constitución que durante muchas décadas fue ejemplo a imitar en el constitucionalismo social de América Latina y el mundo.
Llama la atención que en estos tiempos de profunda crisis económica global y la quiebra de instituciones financieras y de empresas, gobiernos de otros países han rescatado estas empresas, con miles de millones de dólares del erario. Disolver una empresa pública simbólica justifica la pregunta de muchos mexicanos: ¿qué hay detrás del decreto de Calderón?
Esta brutal agresión a la clase trabajadora mexicana trasciende fronteras, porque se afectan derechos internacionales con plena vigencia en el ordenamiento interno de cada país, como el derecho al trabajo, al empleo estable y digno; la prohibición de los despidos arbitrarios y sin causa; la seguridad social; el derecho humano a un proyecto de vida; la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran las garantías consagradas en la Organización Internacional del Trabajo de empleo y libertad sindical.
Por lo anterior, la AAJ expresa solidaridad con los 44 mil trabajadores afectados y exige del gobierno mexicano la restitución de los derechos laborales y la revisión de la liquidación de la empresa.
Por la AAJ, Beinusz Szmukler y Vanessa Ramosleer en Jornada
Argumentos falaces en la extinción de LFC
Desde 2007 diputados llamaron la atención sobre la paraestatal
México S A
Carlos Fernández-Vega
Oh, sorpresa! Resulta –por si alguien tuviera dudas– que el inquilino de Los Pinos conoció, oportunamente y en detalle, que la principal carga” financiera para Luz y Fuerza del Centro “no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y el costo de combustibles para su generación”, y no se lo dijo un “energúmeno de este puño sí se ve”, sino su fiel subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, cuya jefa directa no es otra que la secretaria de Energía, la señora Georgina Kessel, a su vez presidenta de la junta de gobierno de la otrora paraestatal.
A pesar de lo anterior, el inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro llevan dos semanas al hilo –bombardeo propagandístico de por medio– culpando única y exclusivamente a los trabajadores del caos imperante en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la cual –según el mismo orfeón– no existía junta de gobierno, ni presidenta experta en troquelar monedas, ni funcionarios que tomaran decisiones, ni mucho menos representantes de seis secretarías de despacho que, casualmente, dependen del propio autor del decretazo nocturno del pasado 11 de octubre.
¿Dónde andaba la junta de gobierno, con la titular de Energía en la presidencia, más los señores de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Función Pública y de pilón los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Luz y Fuerza del Centro? Dónde, porque cuando menos desde 2007 la Cámara de Diputados puso el dedo en la herida: “uno de los principales problemas financieros que enfrenta LFC son los adeudos que con la paraestatal tienen los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, así como los municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) por concepto de suministro de energía eléctrica, lo que ha impactado negativamente el costo financiero para el organismo”. Y aderezaba el comentario con el siguiente dato terrorífico: de 1998 a 2005, dichos adeudos crecieron casi 500 por ciento, y ese comportamiento se mantuvo en años posteriores. Para nadie era un secreto esta situación, pero nadie hizo nada para corregirla. Por el contrario, con manga ancha se permitió el deterioro financiero de la otrora empresa del Estado.
Tampoco hicieron caso al creciente fardo financiero que a Luz y Fuerza del Centro le significaba el precio en que CFE le vendía el fluido eléctrico, y la propia Cámara de Diputados advirtió que “la adquisición de energía de LFC a CFE incide en el suministro de la misma, ya que el abasto se tiene que realizar con plantas generadoras externas alejadas de los centros de consumo y, por consiguiente, el transportar la energía desde puntos remotos incrementa las pérdidas técnicas por la conducción de energía a través de las líneas de transmisión. Aunado a ello, se encuentran las pérdidas no técnicas, como el consumo ilícito originado por asentamientos irregulares, alteraciones de medidores en baja y media tensión, facturación alterada y errores en la toma de lecturas y en la estimación de consumos”......
Leer columna en Jornada
México S A
Carlos Fernández-Vega
Oh, sorpresa! Resulta –por si alguien tuviera dudas– que el inquilino de Los Pinos conoció, oportunamente y en detalle, que la principal carga” financiera para Luz y Fuerza del Centro “no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y el costo de combustibles para su generación”, y no se lo dijo un “energúmeno de este puño sí se ve”, sino su fiel subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, cuya jefa directa no es otra que la secretaria de Energía, la señora Georgina Kessel, a su vez presidenta de la junta de gobierno de la otrora paraestatal.
A pesar de lo anterior, el inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro llevan dos semanas al hilo –bombardeo propagandístico de por medio– culpando única y exclusivamente a los trabajadores del caos imperante en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la cual –según el mismo orfeón– no existía junta de gobierno, ni presidenta experta en troquelar monedas, ni funcionarios que tomaran decisiones, ni mucho menos representantes de seis secretarías de despacho que, casualmente, dependen del propio autor del decretazo nocturno del pasado 11 de octubre.
¿Dónde andaba la junta de gobierno, con la titular de Energía en la presidencia, más los señores de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Función Pública y de pilón los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Luz y Fuerza del Centro? Dónde, porque cuando menos desde 2007 la Cámara de Diputados puso el dedo en la herida: “uno de los principales problemas financieros que enfrenta LFC son los adeudos que con la paraestatal tienen los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, así como los municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) por concepto de suministro de energía eléctrica, lo que ha impactado negativamente el costo financiero para el organismo”. Y aderezaba el comentario con el siguiente dato terrorífico: de 1998 a 2005, dichos adeudos crecieron casi 500 por ciento, y ese comportamiento se mantuvo en años posteriores. Para nadie era un secreto esta situación, pero nadie hizo nada para corregirla. Por el contrario, con manga ancha se permitió el deterioro financiero de la otrora empresa del Estado.
Tampoco hicieron caso al creciente fardo financiero que a Luz y Fuerza del Centro le significaba el precio en que CFE le vendía el fluido eléctrico, y la propia Cámara de Diputados advirtió que “la adquisición de energía de LFC a CFE incide en el suministro de la misma, ya que el abasto se tiene que realizar con plantas generadoras externas alejadas de los centros de consumo y, por consiguiente, el transportar la energía desde puntos remotos incrementa las pérdidas técnicas por la conducción de energía a través de las líneas de transmisión. Aunado a ello, se encuentran las pérdidas no técnicas, como el consumo ilícito originado por asentamientos irregulares, alteraciones de medidores en baja y media tensión, facturación alterada y errores en la toma de lecturas y en la estimación de consumos”......
Leer columna en Jornada
22 octubre 2009
MEXICO S.A
Carlos Fernández Vega
......
...Y como la equidad fiscal es lo importante, el gobierno calderonista y los legisladores prianistas procedieron a exprimir a los mexicanos de a pie, y de paso a otorgar más privilegios a la temida fábrica de sueños, la de por sí apapachada Televisa, de acuerdo con un arrepentido diputado panista, Javier Corral, quien por medio de la denuncia quiere expiar culpas: “no se puede exigir al pueblo de México, como lo acabamos de votar y yo a favor de ello, 30 mil millones de pesos por la vía del IVA, y al mismo tiempo extender un diferimiento para el pago de derechos por uso de espectro radioeléctrico por mil 900 millones de pesos a una sola empresa hasta 2012 y hasta 2013… nadie se engañe: este artículo tiene un destinatario, que es Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahercios cada una en el espectro radioeléctrico…”. Pero el único engañado fue él: los demás legisladores lo sabían (de ello se encargó el canal de las estrellas, aunque la información no salió a cuadro) y lo aprobaron.
leer columna en Periódico la Jornada
Carlos Fernández Vega
......
...Y como la equidad fiscal es lo importante, el gobierno calderonista y los legisladores prianistas procedieron a exprimir a los mexicanos de a pie, y de paso a otorgar más privilegios a la temida fábrica de sueños, la de por sí apapachada Televisa, de acuerdo con un arrepentido diputado panista, Javier Corral, quien por medio de la denuncia quiere expiar culpas: “no se puede exigir al pueblo de México, como lo acabamos de votar y yo a favor de ello, 30 mil millones de pesos por la vía del IVA, y al mismo tiempo extender un diferimiento para el pago de derechos por uso de espectro radioeléctrico por mil 900 millones de pesos a una sola empresa hasta 2012 y hasta 2013… nadie se engañe: este artículo tiene un destinatario, que es Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahercios cada una en el espectro radioeléctrico…”. Pero el único engañado fue él: los demás legisladores lo sabían (de ello se encargó el canal de las estrellas, aunque la información no salió a cuadro) y lo aprobaron.
leer columna en Periódico la Jornada
20 octubre 2009
Privatización de facto del sector eléctrico
Autor: Ana Lilia Pérez
18 Octubre 2009
Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país
Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.
En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.
La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.
A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.
Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.
Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.
leer artículo Revista Contralinea
18 Octubre 2009
Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país
Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.
En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.
La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.
A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.
Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.
Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.
leer artículo Revista Contralinea
13 octubre 2009
L F C
DECRETO
¡¡¡ QUE DESAPAREZCA !! POR INEFICIENTE Y POR NO DAR RESULTADOS!!
...su desgobierno heil pequeñin??...
Que acaso no es una empresa del estado...pequeño dictadorzuelo..?...entonces los ineficaces,ineficientes,ineptos,corruptos,etc.etc.son ustedes,si ustedes,los que no tienen ni idea de lo que es la administración pública. No es luz y fuerza del centro la que es ineficaz,... por si no te has dado cuenta pequeñin,son todas tus secretarías y dependencias federales que no sirven para nada...jeje
¡¡¡ QUE DESAPAREZCA !! POR INEFICIENTE Y POR NO DAR RESULTADOS!!
...su desgobierno heil pequeñin??...
Que acaso no es una empresa del estado...pequeño dictadorzuelo..?...entonces los ineficaces,ineficientes,ineptos,corruptos,etc.etc.son ustedes,si ustedes,los que no tienen ni idea de lo que es la administración pública. No es luz y fuerza del centro la que es ineficaz,... por si no te has dado cuenta pequeñin,son todas tus secretarías y dependencias federales que no sirven para nada...jeje
Ante el fracaso, la represión
ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- No hay un solo dato, uno solo, para callarle la boca a quienes afirman que Felipe Calderón encabeza un gobierno inepto. Es vasta, en cambio, la información que sustenta su talante represor.
La liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro materializa, en la forma y en el fondo, esas dos características del gobierno actual, que tramó y operó esa batida en la oscuridad, como acostumbran los faltos de valor.
El mensaje que se envía es inequívoco, por si alguien tenía todavía alguna duda: La represión policiaco-militar contra cualquier individuo y organización que manifieste posturas disidentes o que la facción que gobierna y sus jefes considere como tales.
Por eso tampoco hay que ver la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como una postura antisindical de Calderón, cuya legalidad está en entredicho, sino de represión selectiva:
Mientras termina con esa empresa, supuestamente para sanearla de la voracidad sindical, y lanza al desempleo a 40 mil trabajadores, se afianzan las complicidades con capos de la talla de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Valdemar Gutiérrez, Víctor Flores Morales, Ramón Gámez y Víctor Fuentes, el heredero de Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, que representa a la facción de electricistas del oficialismo.
La ecuación política es sencilla: A falta de logros de gobierno, acciones quirúrgicas espectaculares; a los aliados gracia y a los enemigos paredón.
Así, con la economía a pique y el desempleo boyante, con los criminales impunes y ensangrentado el territorio, Calderón opta por arrancar el aplauso de las hordas afines y se congracia con sus verdaderos jefes.
¿Pero cuáles son los "privilegios" que llevaron a la quiebra a la compañía? Veamos la información oficial: Los empleados no pagan la luz porque tienen derecho al consumo gratis de 350 kilowats; obtienen de aguinaldo el equivalente a 50 días de salario, y el "incentivo por desempeño" es de 66.67% del sueldo base.
También los empleados tienen ayuda para despensa equivalente a 15% del sueldo bruto; un fondo de ahorro que representa 22% del sueldo base; ayuda para transporte de 12.5% del sueldo base y apoyo para renta de 34.5%, también del sueldo base.
Una aclaración: Estos "privilegios" no son de los trabajadores de base, la mayoría afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino de los centenares de miembros de la alta burocracia de la empresa, los de confianza, que suman esas prestaciones a sus de por sí altos sueldos.
El ejemplo más claro es el de Jorge Gutiérrez Vega, director general de la empresa, quien tiene un sueldo mensual de 197 mil 642 pesos y que, con las prestaciones descritas --además de dos automóviles y teléfonos celulares-- suma los 250 mil pesos cada mes.
¿Merece el director general de la empresa tamaños ingresos, cuando no ha sido capaz de dirigirla con eficacia? ¿Lo merecen también los 10 subdirectores que cobran, cada uno, un promedio de 150 mil pesos cada mes, además de esas prestaciones? Por como actúa el gobierno de Calderón, la respuesta es sí.
Pero, en contraparte, es delito aspirar a una mejor calidad de vida y es peor todavía que un sindicato actúe para lo que fue creado. Lo correcto es que un trabajador acepte cobrar lo menos posible –en una de esas hasta gratis-- y un sindicato sea sinónimo de mansedumbre.
Y estas parecen ser las recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que condena que, desde 2001, los trabajadores de la industria eléctrica hayan obtenido un promedio de 9% de aumento a sus salarios.
Según un análisis del IMCO, publicado por el diario Reforma el 7 de octubre, la eléctrica es la actividad con el mayor salario promedio del sector industrial, ya que es dos y media veces más alto que el de otras ramas. Así, en 2000, un trabajador del sector industrial cobraba 129 pesos al día en promedio, mientras que uno de la industria eléctrica cobraba el doble: un promedio de 272 pesos.
Ese organismo privado aduce que esta diferencia se ha mantenido desde 2001, el primero de los nueve años de gobierno del PAN, cuando los trabajadores de la industria eléctrica han obtenido una tasa de crecimiento salarial de 9% anual.
Así, según el análisis del IMCO, actualmente un trabajador de la industria eléctrica gana 593.48 pesos diarios en promedio, contra 230.22 pesos de otros sectores, por lo que se mantiene consistentemente el doble de las percepciones.
Otro cosa que al IMCO le parece inaceptable es que un trabajador jubilado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro reciba un aumento de 40% con respecto al salario de los trabajadores en activo.
Otros "privilegios" de los trabajadores de esa empresa eran –porque ya no existen más-- que se les practicasen dos exámenes médicos cada año, una ayuda de mil 500 pesos para lentes graduados, entrega de útiles escolares y un aguinaldo equivalente a 54 días de su salario.
Como se ve, no han sido los "privilegios" del SME los que llevaron a la quiebra a LyFC y, en todo caso, no han sido los únicos a juzgar por la incompetencia y las canonjías de la alta burocracia de la empresa.
Sólo los que no quieren no ven el trasfondo político de la medida que, como otros montajes, tratan de ocultar la ineptitud del gobierno de Calderón que, vengativo, recurre a la represión y, además, el negociazo con la fibra óptica.
Que no se olvide: Calderón convalidó el convenio para explotar ese recurso mediante la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., cuyos principales accionistas son Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, nada menos que secretarios de Energía de Vicente Fox, y que se han callado la boca…
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Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- No hay un solo dato, uno solo, para callarle la boca a quienes afirman que Felipe Calderón encabeza un gobierno inepto. Es vasta, en cambio, la información que sustenta su talante represor.
La liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro materializa, en la forma y en el fondo, esas dos características del gobierno actual, que tramó y operó esa batida en la oscuridad, como acostumbran los faltos de valor.
El mensaje que se envía es inequívoco, por si alguien tenía todavía alguna duda: La represión policiaco-militar contra cualquier individuo y organización que manifieste posturas disidentes o que la facción que gobierna y sus jefes considere como tales.
Por eso tampoco hay que ver la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como una postura antisindical de Calderón, cuya legalidad está en entredicho, sino de represión selectiva:
Mientras termina con esa empresa, supuestamente para sanearla de la voracidad sindical, y lanza al desempleo a 40 mil trabajadores, se afianzan las complicidades con capos de la talla de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Valdemar Gutiérrez, Víctor Flores Morales, Ramón Gámez y Víctor Fuentes, el heredero de Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, que representa a la facción de electricistas del oficialismo.
La ecuación política es sencilla: A falta de logros de gobierno, acciones quirúrgicas espectaculares; a los aliados gracia y a los enemigos paredón.
Así, con la economía a pique y el desempleo boyante, con los criminales impunes y ensangrentado el territorio, Calderón opta por arrancar el aplauso de las hordas afines y se congracia con sus verdaderos jefes.
¿Pero cuáles son los "privilegios" que llevaron a la quiebra a la compañía? Veamos la información oficial: Los empleados no pagan la luz porque tienen derecho al consumo gratis de 350 kilowats; obtienen de aguinaldo el equivalente a 50 días de salario, y el "incentivo por desempeño" es de 66.67% del sueldo base.
También los empleados tienen ayuda para despensa equivalente a 15% del sueldo bruto; un fondo de ahorro que representa 22% del sueldo base; ayuda para transporte de 12.5% del sueldo base y apoyo para renta de 34.5%, también del sueldo base.
Una aclaración: Estos "privilegios" no son de los trabajadores de base, la mayoría afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino de los centenares de miembros de la alta burocracia de la empresa, los de confianza, que suman esas prestaciones a sus de por sí altos sueldos.
El ejemplo más claro es el de Jorge Gutiérrez Vega, director general de la empresa, quien tiene un sueldo mensual de 197 mil 642 pesos y que, con las prestaciones descritas --además de dos automóviles y teléfonos celulares-- suma los 250 mil pesos cada mes.
¿Merece el director general de la empresa tamaños ingresos, cuando no ha sido capaz de dirigirla con eficacia? ¿Lo merecen también los 10 subdirectores que cobran, cada uno, un promedio de 150 mil pesos cada mes, además de esas prestaciones? Por como actúa el gobierno de Calderón, la respuesta es sí.
Pero, en contraparte, es delito aspirar a una mejor calidad de vida y es peor todavía que un sindicato actúe para lo que fue creado. Lo correcto es que un trabajador acepte cobrar lo menos posible –en una de esas hasta gratis-- y un sindicato sea sinónimo de mansedumbre.
Y estas parecen ser las recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que condena que, desde 2001, los trabajadores de la industria eléctrica hayan obtenido un promedio de 9% de aumento a sus salarios.
Según un análisis del IMCO, publicado por el diario Reforma el 7 de octubre, la eléctrica es la actividad con el mayor salario promedio del sector industrial, ya que es dos y media veces más alto que el de otras ramas. Así, en 2000, un trabajador del sector industrial cobraba 129 pesos al día en promedio, mientras que uno de la industria eléctrica cobraba el doble: un promedio de 272 pesos.
Ese organismo privado aduce que esta diferencia se ha mantenido desde 2001, el primero de los nueve años de gobierno del PAN, cuando los trabajadores de la industria eléctrica han obtenido una tasa de crecimiento salarial de 9% anual.
Así, según el análisis del IMCO, actualmente un trabajador de la industria eléctrica gana 593.48 pesos diarios en promedio, contra 230.22 pesos de otros sectores, por lo que se mantiene consistentemente el doble de las percepciones.
Otro cosa que al IMCO le parece inaceptable es que un trabajador jubilado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro reciba un aumento de 40% con respecto al salario de los trabajadores en activo.
Otros "privilegios" de los trabajadores de esa empresa eran –porque ya no existen más-- que se les practicasen dos exámenes médicos cada año, una ayuda de mil 500 pesos para lentes graduados, entrega de útiles escolares y un aguinaldo equivalente a 54 días de su salario.
Como se ve, no han sido los "privilegios" del SME los que llevaron a la quiebra a LyFC y, en todo caso, no han sido los únicos a juzgar por la incompetencia y las canonjías de la alta burocracia de la empresa.
Sólo los que no quieren no ven el trasfondo político de la medida que, como otros montajes, tratan de ocultar la ineptitud del gobierno de Calderón que, vengativo, recurre a la represión y, además, el negociazo con la fibra óptica.
Que no se olvide: Calderón convalidó el convenio para explotar ese recurso mediante la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., cuyos principales accionistas son Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, nada menos que secretarios de Energía de Vicente Fox, y que se han callado la boca…
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07 octubre 2009
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