Negocios sucios de la monarquia española en México solapados por el espurio

Abengoa: el millonario juicio contra México

Autor: Ana Lilia Pérez


8 Marzo 2011 El consorcio español Abengoa pretende obtener más de 1 mil 200 millones de pesos de las arcas públicas por la clausura del confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán mediante un juicio arbitral que litiga en Washington contra el Estado mexicano

Zimapán, Hidalgo. En la vera de un accidentado camino, en el umbral del lomerío donde inicia el macizo montañoso –desde tiempos coloniales– Sierra Gorda, se despliega una extensa y moderna construcción que, a primera vista, rompe con la natural orografía de tierra caliza tapiada de cardones, órganos, biznagas, ortigas y mezquites. Es la planta que bajo el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, en 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc, construyó el consorcio Abengoa para confinar 4 mil toneladas diarias de desechos peligrosos durante 30 años.

Galerones de ladrillo rojo recubierto de barniz, estructuras forradas con policarbonato como si fuesen invernaderos, pequeñas bardas de piedra y una extensa cavidad para 392 mil 988 metros cúbicos de residuos. Al frente del complejo, permanece impecable el equipo para la separación de polietielentereftalatos (conocidos como pet), que se usó como mascarada “para intentar convencernos que lo que aquí se haría sería reciclar basura y contribuir a la limpieza del planeta”, recuerda José María Lozano, presidente municipal de Zimapán.

Se trata de uno de los negocios más lucrativos para el consorcio español vinculado con la corona española, pues los lixiviados, además de ser altamente peligrosos, son letales para el medio ambiente, de manera que ningún gobierno los quiere en su territorio, por lo que pagan bien a quien admita confinarlos, claro, muy lejos de casa.

La elección que se hizo del sitio no fue tampoco causal. Literalmente, en un mapa de México, los españoles apuntaron Zimapán por su ubicación en un área estratégica: cerca del Distrito Federal y con caminos directos hasta la frontera con Estados Unidos y hacia el Golfo de México, pues la mayoría de los desechos vendrían del extranjero.

Abengoa ejecutó su proyecto a través de sus filiales Befesa y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), ambas de la división de negocios medioambientales y de limpieza industrial. En Europa, las dos se dedican al reciclaje y a la producción de energía verde, es decir son la “cara limpia” del consorcio. A México, traerían lo sucio, los desechos contaminados. El año pasado, el proyecto fue clausurado. En respuesta, la trasnacional llevó a México ante un tribunal del Banco Mundial.

El juicio contra México
En la 1818 street, de Washington, sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), se litiga uno de los juicios más caros contra México en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, el número ARB-AF/09/2, promovido por Abengoa y Cofides por la cancelación del permiso para operar el confinamiento tóxico en este municipio.

El 22 de septiembre de 2009, Abengoa presentó en el Ciadi la demanda arbitral contra México. Días después, las secretarías de Gobernación y de Economía fueron notificadas por el Tribunal del Banco Mundial, y el 11 de diciembre entró el litigio del caso número 117.

Ocho meses después, el 16 de agosto de 2010, se designó al jurado: Alexis Mourre, de Francia, como presidente; Juan Fernández-Armesto, de España, como árbitro designado por el demandante, y Eduardo T Siqueiros, de México, como árbitro designado por el demandado.

Abengoa acusa a México de incumplir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y el Reino de España. Demanda 96 millones de dólares, unos 1 mil 216 millones de pesos, más intereses desde que el proyecto debió comenzar a operar (en 2007), hasta que concluya el litigio. Según el procedimiento arbitral del Ciadi, podría tardar unos cinco años, de manera que le tocaría al sucesor de Felipe Calderón asumir sus costos.

El Acuerdo al que alude Abengoa fue signado por el Estado mexicano y ratificado por el Senado de la República en diciembre de 1996, considerando las garantías que debía dar el gobierno mexicano a los inversionistas españoles. En octubre de 2006, el gobierno de Vicente Fox modificó el Acuerdo para que los españoles tengan la opción de demandar a México en tribunales internacionales, particularmente el Ciadi, como los consorcios estadunidenses y canadienses, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Abengoa expone como argumentos en contra del Estado mexicano las protestas ciudadanas que llevaron a la revocación de la licencia municipal de funcionamiento y de un supuesto desvío de recursos públicos para impedir la operación del confinamiento. Pero omite las irregulares condiciones en agravio de los zimapenses en las que les entregaron los permisos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 68/2009.

Pese a la suspensión total de operación de la planta, Abengoa ha hecho recientes modificaciones a la infraestructura, amén de las constantes visitas a la planta de altos directivos del consorcio, explica un guardia de seguridad que vigila y fotografía a quienes transitan por la zona. También siguen vigentes los permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua, que en octubre de 2010 entregó una concesión indefinida para obtener derechos de uso de agua.

La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio observa que el juicio ante el Ciadi podría ser parte de la estrategia del grupo Abengoa como medida de presión para obtener las licencias de operación. El argumento suena lógico al considerar que la compañía no impugnó en tribunales la cancelación de los permisos, en cambio se trasladó directamente al Ciadi. La estrategia ha sido utilizada por Exxon Mobil contra Venezuela, por la nacionalización de la región petrolera en la Franja del Orinoco.
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