jueves 19 de noviembre de 2009
Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)
La función de la prensa y sus mejores ideales no se realizan plenamente en ninguna parte, aunque en algunos lugares su desempeño es más eficaz que en otros. En ciertos países, entre ellos los del socialismo real, la actividad periodística ha sufrido deformaciones, en otros la prensa es perseguida y amordazada y ninguna profesión, excepto la de soldado, es tan peligrosa como la del periodista que no sólo arriesga la vida, sino también su crédito. El privilegio de reproducir por miles de ejemplares su opinión, también lo expone al escrutinio público diario.
Aunque la prensa y los medios de difusión masiva son entidades concretas de cada país, en conjunto forman parte del desarrollo de la cultura universal. La comunicación social es una profesión desempeñada en todas las latitudes y cuyos códigos y preceptos rebasan los límites locales y las coyunturas específicas, alcanzando estándares mundiales.
En Cuba, debido a la Revolución, a la desmesurada hostilidad de los Estados Unidos, a la necesidad de replicar ataques y calumnias y preservar la obra, a las peculiaridades de la construcción del socialismo y al intenso y complejo proceso político protagonizado por la Nación, durante medio siglo, la prensa y los periodistas cubanos han estado sometidos a tensiones extremas derivadas de la necesidad de acompañar la resistencia popular y asumir las obligaciones de un servicio diverso, plural y objetivo, que la sociedad necesita y reclama.
La prensa no es la conciencia crítica de la sociedad, su juez ni su preceptor, sino un servicio de bien público manejado por profesionales competentes, guiados por una militancia, el apego a la verdad y por una vocación de servicio. Como ocurre con casi todo en el capitalismo, los medios de difusión y la gestión informativa, son también negocios, circunstancias que si bien introduce deformaciones, no los descalifican.
No hace falta decir que no corresponde a la prensa ni a los periodistas estudiar la sociedad, descubrir las esencias de los fenómenos ni las tendencias de su desarrollo. Según un consenso, más o menos universal, al periodismo concierne reflejar los hechos, referir sucesos y contar grandes y pequeñas historias y mediante la suma del quehacer diario, hilvanar una crónica de los tiempos.
Al realizar con eficiencia su labor, los medios de difusión producen beneficios sociales colaterales: contribuyen a la educación y a la cultura, promueven valores e incluso crean conciencia política. Usar los medios para alcanzar fines en esos campos en detrimento de su tarea principal no sólo es erróneo sino infructuoso.
Regido por la inmediatez, las emergencias y las demandas culturales de comunidades cada vez más cultas y participativas, aunque también más críticas, el periodismo refleja la sociedad en la cual se ejerce. Se trata de una dialéctica mediante la cual la prensa diaria, los suplementos culturales, científicos y deportivos, las revistas de amplia circulación, las publicaciones especializadas y los espacios informativos de la radio y la televisión, dialogan e interactúan con todos los segmentos de la sociedad, en primer lugar con el pueblo pero también con las elites, las instituciones, con el Estado y con el poder del cual, de alguna manera, forman parte.
Debido al férreo bloqueo que es también un fenómeno informativo y cultural, a la necesidad de participar en las batallas de clase y en la resistencia, pero también a errores, copia de experiencias ajenas, vigencia de criterios anacrónicos y excesos autoritarios, la prensa cubana presenta carencias y defectos que aunque explicables y de los cuales nadie se avergüenza, deben ser suprimidos en aras de perfeccionar la gestión informativa.
Regida por criterios estrechos, la prensa cubana suele depender excesivamente de instancias políticas; por consideraciones diversas y con frecuencia injustificadas, omite importantes aspectos de la realidad nacional e internacional, silencia unos hechos o exagera el significado de otros, no concede espacio al ejercicio del criterio en temas sustanciales y de interés para amplios sectores de la sociedad y no acoge la diversidad de enfoques y el limitado ejercicio de la critica, se concentra en ejecutores de menor rango, asuntos puntuales y anécdotas más o menos interesantes sin alcanzar a las instancias donde se elaboran las políticas y se adoptan las decisiones.
La prensa pudiera contribuir a la reforma y al perfeccionamiento de la sociedad socialista y de su sistema político, a la eficacia de las instituciones y a la efectividad de las acciones políticas e ideológicas, siempre y cuando ella misma se reinvente mediante reformas y acciones de perfeccionamiento, que no se agotan en llamados a la elevación de la calidad ni mediante acciones cosméticas, sino con una profunda revisión que sólo la vanguardia política podrá encabezar.
ARGENPRESSinfo
La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito. Ernest Renan
19 noviembre 2009
Defendamos a Excelsior
jueves 19 de noviembre de 2009
México:
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
Nunca como ahora repensamos tanto el título de esta entrega por tratarse de un asunto toral en la vida del país, nos referimos a la propiedad del más grande diario que ha tenido México, sin duda Excélsior, “el periódico de la Vida Nacional”, que salvo momentos ominosos, exacto, ha escrito con valor, con verdad y compromiso social la vida de la nación.
Renunciamos a nuestra colaboración diaria en sus páginas desde el momento mismo en que se dio “El asalto final”, como título su libro el asesinado último director de la Cooperativa, José Manuel Nava Sánchez, hoy con especial reconocimiento a la lucha emprendida por los paladines de la misma congregación de verdaderos trabajadores y ante su primer triunfo legal, además de reiterar nuestro apoyo convocamos a todos los mexicanos bien nacidos a defender a Excélsior, último bastión del periodismo crítico, libre y veraz a nivel nacional.
Salvo contados medios han dado a conocer que un juez federal invalidó la venta del periódico Excélsior al Grupo Empresarial Ángeles, Aerogea, consumada a espaldas de los verdaderos trabajadores-dueños en 2006, por lo que determinó que la asamblea en la cual se acordó la transacción fue ilegal, por lo que ordenó la restitución de todos los bienes a los cooperativistas.
Fue el Juez 2 de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Refugio Ortega Marín, quien declaró la nulidad de la asamblea de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada celebrada el 23 de enero de 2006, en la que se acordó la venta del medio de comunicación al citado grupo empresarial.
Copio textual: “Por haberse presentado diversas irregularidades, el juez declaró 'la nulidad absoluta del contrato privado de compra-venta, el 23 de enero de 2006', mediante el cual Excélsior Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, vendió el diario a Aerogea, Sociedad Anónima de Capital Variable'.
Por lo que en consecuencia también “se declara la nulidad absoluta” del instrumento 87 mil 454, de esa misma fecha del protocolo del Notario Público número 50 del Distrito Federal, Joaquín Talavera Sánchez, que contiene la protocolización de dicho contrato. Es decir el fedatario que se prestó a protocolizar la fraudulenta venta.
En el expediente 88/2006 el juez también invalidó la designación de Armando Heredia Suárez y Francisco Javier De Anda Herrera -los artífices de la chicanada-, como apoderados, delegados de la asamblea y liquidadores de los cooperativistas de Excélsior, llevada a cabo en la Asamblea General de Socios.
Por dicha razón, el juez condenó a Heredia Suárez y De Anda Herrera a rendir cuentas a los cooperativistas, “respecto de todos y cada uno de los actos jurídicos y contratos que hayan celebrado con base en las facultades que hubiesen ejercido en términos de dicho mandato, en un plazo de 20 días”.
Sabemos de antemano que en nuestro país, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, política y moral se tuercen los caminos de la justicia, pero es nuestro deber comprometernos con la lucha limpia y valiente de los cooperativistas y mantener nuestro exhorto a la sociedad civil: Defendamos a Excélsior.
Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
ARGENPRESSinfo
Publicado por ARGENPRESS en 17:22:00
Etiquetas: medios de comunicación, México, Teodoro Rentería Arróyave
México:
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
Nunca como ahora repensamos tanto el título de esta entrega por tratarse de un asunto toral en la vida del país, nos referimos a la propiedad del más grande diario que ha tenido México, sin duda Excélsior, “el periódico de la Vida Nacional”, que salvo momentos ominosos, exacto, ha escrito con valor, con verdad y compromiso social la vida de la nación.
Renunciamos a nuestra colaboración diaria en sus páginas desde el momento mismo en que se dio “El asalto final”, como título su libro el asesinado último director de la Cooperativa, José Manuel Nava Sánchez, hoy con especial reconocimiento a la lucha emprendida por los paladines de la misma congregación de verdaderos trabajadores y ante su primer triunfo legal, además de reiterar nuestro apoyo convocamos a todos los mexicanos bien nacidos a defender a Excélsior, último bastión del periodismo crítico, libre y veraz a nivel nacional.
Salvo contados medios han dado a conocer que un juez federal invalidó la venta del periódico Excélsior al Grupo Empresarial Ángeles, Aerogea, consumada a espaldas de los verdaderos trabajadores-dueños en 2006, por lo que determinó que la asamblea en la cual se acordó la transacción fue ilegal, por lo que ordenó la restitución de todos los bienes a los cooperativistas.
Fue el Juez 2 de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Refugio Ortega Marín, quien declaró la nulidad de la asamblea de la Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada celebrada el 23 de enero de 2006, en la que se acordó la venta del medio de comunicación al citado grupo empresarial.
Copio textual: “Por haberse presentado diversas irregularidades, el juez declaró 'la nulidad absoluta del contrato privado de compra-venta, el 23 de enero de 2006', mediante el cual Excélsior Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, vendió el diario a Aerogea, Sociedad Anónima de Capital Variable'.
Por lo que en consecuencia también “se declara la nulidad absoluta” del instrumento 87 mil 454, de esa misma fecha del protocolo del Notario Público número 50 del Distrito Federal, Joaquín Talavera Sánchez, que contiene la protocolización de dicho contrato. Es decir el fedatario que se prestó a protocolizar la fraudulenta venta.
En el expediente 88/2006 el juez también invalidó la designación de Armando Heredia Suárez y Francisco Javier De Anda Herrera -los artífices de la chicanada-, como apoderados, delegados de la asamblea y liquidadores de los cooperativistas de Excélsior, llevada a cabo en la Asamblea General de Socios.
Por dicha razón, el juez condenó a Heredia Suárez y De Anda Herrera a rendir cuentas a los cooperativistas, “respecto de todos y cada uno de los actos jurídicos y contratos que hayan celebrado con base en las facultades que hubiesen ejercido en términos de dicho mandato, en un plazo de 20 días”.
Sabemos de antemano que en nuestro país, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, política y moral se tuercen los caminos de la justicia, pero es nuestro deber comprometernos con la lucha limpia y valiente de los cooperativistas y mantener nuestro exhorto a la sociedad civil: Defendamos a Excélsior.
Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
ARGENPRESSinfo
Publicado por ARGENPRESS en 17:22:00
Etiquetas: medios de comunicación, México, Teodoro Rentería Arróyave
18 noviembre 2009
13 noviembre 2009
EL DESGOBIERNO ESPURIO EN SU TAREA DE ACABAR CON MEXICO
Gobierno mexicano se rinde ante Monsanto
Autor: Érika Ramírez
PUBLICADO EN REVISTA CONTRALINEA
8 Noviembre 2009
Los gobiernos panistas no sólo autorizan a la agroindustria trasnacional la siembra de maíz transgénico, sino que le otorgan casi 200 millones de pesos en estímulos fiscales. Monsanto, Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences obtienen 21 permisos y más de media centena de proyectos de inversión tecnológica, revelan documentos oficiales. No importó a las autoridades federales que México sea país de origen de una semilla que es patrimonio de la humanidad ni que se coloque en riesgo inminente a 31 de las 59 razas de maíz mexicano
Fabricante del Agente Naranja –herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación–, Monsanto obtiene la mayoría de los permisos solicitados por las industrias agropecuarias ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra experimental de maíz transgénico en los campos mexicanos.
Además, la empresa originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, ha sido beneficiada –junto con Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences– con casi 200 millones de pesos en “estímulos fiscales” durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, revelan documentos oficiales.
El 29 de octubre pasado, las empresas Monsanto, Dow Agrosciences y PHI México fueron notificadas que sus patentes podrán ser sembradas de “modo experimental” en tierras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, según muestra el Estatus de solicitudes de maíz 2009, emitido por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), dependiente de la Sagarpa.
En estos estados, indica la organización ambientalista Greenpeace México, se encuentran 31 de las 59 razas de maíz que existen en México, lo que expone al riesgo de contaminación transgénica al 52 por ciento de las semillas originarias del país.
Las resoluciones se dieron apenas siete meses después de que Dow Agrosciences y PHI México manifestaran formalmente su interés por sembrar el organismo genéticamente modificado DAS-01507-1. Se aprobó la siembra de la patente en el Valle del Yaqui, Sonora, donde también se encuentran unas nueve variedades del maíz nativo de México.r
En un comparativo de la lista de solicitudes de la Sagarpa, con el mapa de los territorios de los pueblos indígenas y las razas y variedades del maíz que existen en ellos (contenido en la edición Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), se puede observar que en el Valle del Yaqui, Sonora, donde se encuentra asentada la población indígena con el mismo nombre, existe el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño.
Eduardo Pérez Pico, representante de Monsanto México, dice en entrevista con Contralínea que cada uno de los permisos avalados por la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Juan Rafael Elvira Quezada, costarán a la agroindustria cerca de 1 millón de pesos por proyecto.
El ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, anuncia que “si las investigaciones avanzan pronto”, la etapa comercial podría iniciar en tres años, con una inversión inicial de 400 millones de dólares, de los que Monsanto pretende asumir unos 250 millones de dólares.
Negocio redondo
Además del mercado de negocios que significa México para la agroindustria, el gobierno federal ha financiado a tres de las grandes en el ramo. Desde el primer año de la administración foxista, las trasnacionales han obtenido estímulos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, hasta por 193 millones 859 mil 598 pesos.
leer artículo completo en Revista Contralinea
monsanto amenaza mundial
ver otro comentario de 2007
quien se beneficia con los cultivos transgenicos
somos hombres del maiz y los transgenicos pueden trastocar todo
Autor: Érika Ramírez
PUBLICADO EN REVISTA CONTRALINEA
8 Noviembre 2009
Los gobiernos panistas no sólo autorizan a la agroindustria trasnacional la siembra de maíz transgénico, sino que le otorgan casi 200 millones de pesos en estímulos fiscales. Monsanto, Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences obtienen 21 permisos y más de media centena de proyectos de inversión tecnológica, revelan documentos oficiales. No importó a las autoridades federales que México sea país de origen de una semilla que es patrimonio de la humanidad ni que se coloque en riesgo inminente a 31 de las 59 razas de maíz mexicano
Fabricante del Agente Naranja –herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación–, Monsanto obtiene la mayoría de los permisos solicitados por las industrias agropecuarias ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra experimental de maíz transgénico en los campos mexicanos.
Además, la empresa originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, ha sido beneficiada –junto con Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences– con casi 200 millones de pesos en “estímulos fiscales” durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, revelan documentos oficiales.
El 29 de octubre pasado, las empresas Monsanto, Dow Agrosciences y PHI México fueron notificadas que sus patentes podrán ser sembradas de “modo experimental” en tierras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, según muestra el Estatus de solicitudes de maíz 2009, emitido por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), dependiente de la Sagarpa.
En estos estados, indica la organización ambientalista Greenpeace México, se encuentran 31 de las 59 razas de maíz que existen en México, lo que expone al riesgo de contaminación transgénica al 52 por ciento de las semillas originarias del país.
Las resoluciones se dieron apenas siete meses después de que Dow Agrosciences y PHI México manifestaran formalmente su interés por sembrar el organismo genéticamente modificado DAS-01507-1. Se aprobó la siembra de la patente en el Valle del Yaqui, Sonora, donde también se encuentran unas nueve variedades del maíz nativo de México.r
En un comparativo de la lista de solicitudes de la Sagarpa, con el mapa de los territorios de los pueblos indígenas y las razas y variedades del maíz que existen en ellos (contenido en la edición Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), se puede observar que en el Valle del Yaqui, Sonora, donde se encuentra asentada la población indígena con el mismo nombre, existe el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño.
Eduardo Pérez Pico, representante de Monsanto México, dice en entrevista con Contralínea que cada uno de los permisos avalados por la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Juan Rafael Elvira Quezada, costarán a la agroindustria cerca de 1 millón de pesos por proyecto.
El ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, anuncia que “si las investigaciones avanzan pronto”, la etapa comercial podría iniciar en tres años, con una inversión inicial de 400 millones de dólares, de los que Monsanto pretende asumir unos 250 millones de dólares.
Negocio redondo
Además del mercado de negocios que significa México para la agroindustria, el gobierno federal ha financiado a tres de las grandes en el ramo. Desde el primer año de la administración foxista, las trasnacionales han obtenido estímulos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, hasta por 193 millones 859 mil 598 pesos.
leer artículo completo en Revista Contralinea
monsanto amenaza mundial
ver otro comentario de 2007
quien se beneficia con los cultivos transgenicos
somos hombres del maiz y los transgenicos pueden trastocar todo
05 noviembre 2009
Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del Centro
Autor: Nydia Egremy Sección: Sociedad
1 Noviembre 2009
Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre
El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
seguir leyendo en Revista Contralinea
1 Noviembre 2009
Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para siempre
El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
seguir leyendo en Revista Contralinea
03 noviembre 2009
Corporativos deben al fisco 8 veces más de lo que se obtendrá por aumento del IVA
Martes 3 de noviembre de 2009
México SA
Cifras de la aberración
Carlos Fernández-Vega
En estos tiempos de anorexia fiscal”, alud de impuesto a los causantes cautivos y shock de las finanzas públicas, surge ostentoso, provocador y verdaderamente abominable el proceder de los grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: al cierre del tercer trimestre del presente año, 60 de ellos acumularon 232 mil millones de pesos no pagados al fisco por concepto de impuestos diferidos, es decir, un monto casi ocho veces superior al que la Secretaría de Hacienda obtendría por el incremento a la tasa del IVA (de 15 a 16 por ciento) aprobado por los mismos legisladores que prometieron a sus electores no aumentarles la carga tributaria si los favorecían con el voto.
¿Qué hacer con un gobierno que exige un mayor sacrificio tributario a sus ciudadanos para (versión oficial) sacar del hoyo a las finanzas públicas, y paralelamente permite a los grandes corporativos no sólo eludir y evadir “legalmente” al fisco, sino que les concede gruesos créditos fiscales que suelen no saldarse? ¿Qué hacer con un país que ya no aguanta ese ritmo, ni a quienes lo imponen? Doscientos treinta y dos mil millones de pesos permanecen lejos, muy lejos de las arcas nacionales en medio de la peor crisis del México moderno (así le llaman), con el consentimiento de quienes están obligados, por ley a proteger los intereses nacionales. Resulta aberrante.
De acuerdo con sus propios balances financieros, al cierre del tercer trimestre de este agitadísimo año, 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país, o si se prefiere, casi seis veces mayor al subsidio que se canalizaba a Luz y Fuerza del Centro y que motivó al inquilino de Los Pinos (según la versión oficial) a decretar la extinción de esa paraestatal y dejar en la calle a 45 mil trabajadores.
La Jornada denunció ayer que el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien: la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores, donde de por sí no pagan impuestos. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son más que conocidos: son los mismos que en los últimos 30 años han aparecido como usufructuarios del erario nacional, por medio de jugosos contratos, oportunos “rescates”, abundantes subsidios cambiarios, felices ganadores del circuito privatizador, etcétera, etcétera.
Lo primero que salta a la vista es el adeudo al fisco por impuestos diferidos de las empresas pertenecientes al hombre más rico de México y el tercero a nivel mundial: 70 mil 659.12 millones de pesos por ese concepto, distribuidos de la siguiente manera (todas las cifras son millones de pesos): Grupo Carso (4 mil 141.36), América Móvil (20 mil 540.06), Telecom (23 mil 284.72), Telmex (15 mil 417.16) y Telmex Internacional (7 mil 275.82).
Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que se metió a especular con derivados y lo reventaron, que se le pasó la mano comprando cementeras aquí y allá, y que goza del crédito gubernamental para salir del hoyo, adeuda al fisco 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. En orden de importancia le sigue Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, Cananea y el embate contra los mineros: su presidente y dueño es Germán Larrea Mota Velasco, hombre Forbes igual que los dos anteriores, y el consorcio adeuda al fisco 11 mil 183.3 millones de pesos.
En esa tercia de magnates y sus consorcios se concentra casi 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos que 60 corporativos adeudan al fisco mexicano (cierre del tercer trimestre de 2009) por concepto de impuestos diferidos. Pero hay más deudores, igual de conocidos que los citados. Por ejemplo, Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones del vital líquido, le debe al SAT 8 mil 222.37 millones de pesos, mientras Coca-Cola Femsa adeuda 2 mil 205.12 millones y Bachoco –el de los huevos del ex gobernador de Sonora– mil 868.93 millones.
Televisa (exentada fiscalmente en la ley de ingresos 2010 para que participe a gusto en su nuevo negocio) debe al fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos; Tv Azteca es más modesta: debe 254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (ambos propiedad de Alberto Bailleres, otro de los Forbes mexicanos) conjuntamente adeudan al fisco 6 mil 124.14 millones; ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el “rescate” zedillista y las nuevas concesiones calderonistas) adeuda 2 mil 351 millones de pesos en impuestos diferidos, mientras el Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones por el mismo concepto.
leer columna en la Jornada
México SA
Cifras de la aberración
Carlos Fernández-Vega
En estos tiempos de anorexia fiscal”, alud de impuesto a los causantes cautivos y shock de las finanzas públicas, surge ostentoso, provocador y verdaderamente abominable el proceder de los grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: al cierre del tercer trimestre del presente año, 60 de ellos acumularon 232 mil millones de pesos no pagados al fisco por concepto de impuestos diferidos, es decir, un monto casi ocho veces superior al que la Secretaría de Hacienda obtendría por el incremento a la tasa del IVA (de 15 a 16 por ciento) aprobado por los mismos legisladores que prometieron a sus electores no aumentarles la carga tributaria si los favorecían con el voto.
¿Qué hacer con un gobierno que exige un mayor sacrificio tributario a sus ciudadanos para (versión oficial) sacar del hoyo a las finanzas públicas, y paralelamente permite a los grandes corporativos no sólo eludir y evadir “legalmente” al fisco, sino que les concede gruesos créditos fiscales que suelen no saldarse? ¿Qué hacer con un país que ya no aguanta ese ritmo, ni a quienes lo imponen? Doscientos treinta y dos mil millones de pesos permanecen lejos, muy lejos de las arcas nacionales en medio de la peor crisis del México moderno (así le llaman), con el consentimiento de quienes están obligados, por ley a proteger los intereses nacionales. Resulta aberrante.
De acuerdo con sus propios balances financieros, al cierre del tercer trimestre de este agitadísimo año, 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país, o si se prefiere, casi seis veces mayor al subsidio que se canalizaba a Luz y Fuerza del Centro y que motivó al inquilino de Los Pinos (según la versión oficial) a decretar la extinción de esa paraestatal y dejar en la calle a 45 mil trabajadores.
La Jornada denunció ayer que el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien: la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores, donde de por sí no pagan impuestos. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son más que conocidos: son los mismos que en los últimos 30 años han aparecido como usufructuarios del erario nacional, por medio de jugosos contratos, oportunos “rescates”, abundantes subsidios cambiarios, felices ganadores del circuito privatizador, etcétera, etcétera.
Lo primero que salta a la vista es el adeudo al fisco por impuestos diferidos de las empresas pertenecientes al hombre más rico de México y el tercero a nivel mundial: 70 mil 659.12 millones de pesos por ese concepto, distribuidos de la siguiente manera (todas las cifras son millones de pesos): Grupo Carso (4 mil 141.36), América Móvil (20 mil 540.06), Telecom (23 mil 284.72), Telmex (15 mil 417.16) y Telmex Internacional (7 mil 275.82).
Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que se metió a especular con derivados y lo reventaron, que se le pasó la mano comprando cementeras aquí y allá, y que goza del crédito gubernamental para salir del hoyo, adeuda al fisco 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. En orden de importancia le sigue Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, Cananea y el embate contra los mineros: su presidente y dueño es Germán Larrea Mota Velasco, hombre Forbes igual que los dos anteriores, y el consorcio adeuda al fisco 11 mil 183.3 millones de pesos.
En esa tercia de magnates y sus consorcios se concentra casi 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos que 60 corporativos adeudan al fisco mexicano (cierre del tercer trimestre de 2009) por concepto de impuestos diferidos. Pero hay más deudores, igual de conocidos que los citados. Por ejemplo, Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones del vital líquido, le debe al SAT 8 mil 222.37 millones de pesos, mientras Coca-Cola Femsa adeuda 2 mil 205.12 millones y Bachoco –el de los huevos del ex gobernador de Sonora– mil 868.93 millones.
Televisa (exentada fiscalmente en la ley de ingresos 2010 para que participe a gusto en su nuevo negocio) debe al fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos; Tv Azteca es más modesta: debe 254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (ambos propiedad de Alberto Bailleres, otro de los Forbes mexicanos) conjuntamente adeudan al fisco 6 mil 124.14 millones; ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el “rescate” zedillista y las nuevas concesiones calderonistas) adeuda 2 mil 351 millones de pesos en impuestos diferidos, mientras el Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones por el mismo concepto.
leer columna en la Jornada
Suscribirse a:
Entradas (Atom)