Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona
Ana Lilia Pérez
Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.
El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.
Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.
ver artículo Revista Contralinea
La estupidez humana es la única cosa que nos da una idea del infinito. Ernest Renan
16 mayo 2008
La corte espuria
Seis ministros confirman a la SCJN como cortesana de Calderón
Álvaro Cepeda Neri
Con sus excepciones, el presidente en funciones del órgano colegiado que constituye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –integrado por 11 ministros desde el golpe judicial de Ernesto Zedillo– para desempatar la votación, por lo general, vota a favor de la resolución más antirrepublicana y antidemocrática, para mantener el criterio conservador y derechizante que ha venido caracterizando desde casi siempre y mayormente desde el viraje de interpretación y ejecución más anticonstitucional de los últimos cinco sexenios presidenciales: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Ahora es Guillermo Ortiz Mayagoitia. Apenas ayer Mariano Azuela. Los dos han escenificado, a plenitud, el papel que José Clemente Orozco plasmó en su mural en una pared del edificio de la Corte que tituló: La justicia y seis pillos con antifaz saquean expedientes, mientras la representante de la justicia es una cortesana: “mujer fodonga de cuerpo bofo, dormita risueña en su trono... instrumento de intereses particulares”, escribió Jorge Alberto Manrique, en Orozco, pintura mural (Fondo Editorial de la Plástica Mexicana).
Nuevamente esa Corte de los cortesanos –súbditos del Partido Acción Nacional, de Calderón y de sus intereses particulares– está postrada ante la justicia cortesana y como tal “manteniendo relaciones irregulares” con el poder presidencial, por la mayoría de Ortiz Mayagoitia. Es ya la Corte un tribunal anticonstitucional. Lo es como lo proponía el nacionalsocialista Carl Schmitt, cuando éste, defensor del nazismo, del tercer Reich y de Hitler, quería que el defensor de la constitución fuera el autócrata alemán en lugar de un tribunal autónomo e independiente de los tres poderes. Incluso, la Corte de Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González-Salas, Gudiño Pelayo y Azuela –los seis del antifaz en el mural de Orozco–, han ido más allá de esa concepción del nazismo al violar, con toga y birrete, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos: 3, inciso B; 6 (el derecho a la información será garantizado por el Estado); pisotearon el 8 al no respetar el derecho de petición; 39 (todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste); 41(los poderes de la Unión en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal); 97 (se puso en duda la legalidad de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal y la Corte, obligada de oficio para averiguar la violación del voto, fue cómplice de esta flagrante violación constitucional), y por interpretar antidemocrática y antirrepublicanamente, la Corte de los seis con antifaz interrumpieron la observancia de la Constitución, pisoteando sus principios fundamentales, conforme a lo establecido en el artículo 136.
Todo lo anterior porque los seis ministros, con la mayoría de Ortiz Mayagoitia, negaron el derecho a la información para abrir la paquetería electoral de la elección presidencial de 2006, cuya solicitud fue hecha por el director del semanario Proceso, desechando el amparo para tener acceso a esa documentación pública. Y así, además, esa Corte violó los derechos individuales de quienes, con nuestro derecho y obligación de sufragar, no fuimos tomados en cuenta para negar a la revista Proceso que pudiera tener acceso a esa información para desarrollar el periodismo de investigación. Y para ejercer los derechos constitucionales de publicar escritos sobre cualquier materia, sin censura previa ni inquisiciones judiciales ni administrativas.
La información completa sobre esa violación constitucional por la Corte (¡tribunal constitucional!), se publicó en Proceso el 16 de marzo de 2008. Le fue negada la información, con lo cual los seis ministros se han convertido en tapaderas de la corrupción electoral. Y contrario sensu se deduce que ya no es una sospecha y que hubo fraude para imponer a Calderón (“aiga sido como aiga sido”, la teoría y práctica del actual inquilino de Los Pinos). Al ocultar las boletas e impedir que los periodistas investiguen para informar, está claro que Ortiz y sus cinco incondicionales –conservadores interpretando autocráticamente los contenidos de la Constitución con base en leyes reglamentarias que pusieron por encima de aquélla– son cómplices del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral, quienes cometieron el fraude.
En España ya están tomando cartas en el asunto de la salud mental de los jueces, magistrados y ministros, medida que la Judicatura nativa debería implantar para revisar si “están en sus cabales, y en pleno uso de sus facultades mentales” (El País, 20 de marzo de 2008) los jueces de la Corte, quienes ejecutan judicialmente con criterios antidemocráticos, en perjuicio de la nación, violando los contenidos democráticos de la Constitución.
La Corte desfigura “una República con legislación democrática” con sus resoluciones autocráticas. Corte, pues, cortesana, haciendo favores al presidencialismo en turno, ya con Salinas, luego con Zedillo, después con Fox y ahora con Calderón. Tenía razón Orozco al retratar a la Corte de esos cuatro sexenios, pues con su perspectiva histórica vislumbró que los mexicanos seríamos víctimas de una elite judicial, mientras la justicia está dormida de borrachera por las injusticias cometidas.
Resta el amparo del investigador y periodista Sergio Aguayo Quesada (La Jornada, 19 de marzo de 2008) para impedir la destrucción de las boletas electorales. Es la Caja de Pandora y, si le es negada la protección a su derecho de información, la nación habrá perdido la última esperanza para conocer, periodísticamente, el secreto de lo que ocurrió, voto por voto, en las elecciones presidenciales de 2006. Si, finalmente, el IFE ordena la incineración de la paquetería electoral, entonces millones de ciudadanos veremos violado el derecho a la información que hicieron valer jurídicamente los periodistas Rafael Rodríguez Castañeda y Sergio Aguayo Quesada.
Si así fuera, como nunca es necesario iniciar el desmantelamiento de las facultades de control constitucional de la Suprema Corte, en cuanto tribunal constitucional, para que éste sea un órgano con autonomía ante el cual se puede llevar al banquillo de los acusados a los ministros como los que con Ortiz Mayagoitia han violado la Constitución.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102
Publicado en Revista Contralinea
Álvaro Cepeda Neri
Con sus excepciones, el presidente en funciones del órgano colegiado que constituye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –integrado por 11 ministros desde el golpe judicial de Ernesto Zedillo– para desempatar la votación, por lo general, vota a favor de la resolución más antirrepublicana y antidemocrática, para mantener el criterio conservador y derechizante que ha venido caracterizando desde casi siempre y mayormente desde el viraje de interpretación y ejecución más anticonstitucional de los últimos cinco sexenios presidenciales: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Ahora es Guillermo Ortiz Mayagoitia. Apenas ayer Mariano Azuela. Los dos han escenificado, a plenitud, el papel que José Clemente Orozco plasmó en su mural en una pared del edificio de la Corte que tituló: La justicia y seis pillos con antifaz saquean expedientes, mientras la representante de la justicia es una cortesana: “mujer fodonga de cuerpo bofo, dormita risueña en su trono... instrumento de intereses particulares”, escribió Jorge Alberto Manrique, en Orozco, pintura mural (Fondo Editorial de la Plástica Mexicana).
Nuevamente esa Corte de los cortesanos –súbditos del Partido Acción Nacional, de Calderón y de sus intereses particulares– está postrada ante la justicia cortesana y como tal “manteniendo relaciones irregulares” con el poder presidencial, por la mayoría de Ortiz Mayagoitia. Es ya la Corte un tribunal anticonstitucional. Lo es como lo proponía el nacionalsocialista Carl Schmitt, cuando éste, defensor del nazismo, del tercer Reich y de Hitler, quería que el defensor de la constitución fuera el autócrata alemán en lugar de un tribunal autónomo e independiente de los tres poderes. Incluso, la Corte de Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González-Salas, Gudiño Pelayo y Azuela –los seis del antifaz en el mural de Orozco–, han ido más allá de esa concepción del nazismo al violar, con toga y birrete, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos: 3, inciso B; 6 (el derecho a la información será garantizado por el Estado); pisotearon el 8 al no respetar el derecho de petición; 39 (todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste); 41(los poderes de la Unión en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal); 97 (se puso en duda la legalidad de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal y la Corte, obligada de oficio para averiguar la violación del voto, fue cómplice de esta flagrante violación constitucional), y por interpretar antidemocrática y antirrepublicanamente, la Corte de los seis con antifaz interrumpieron la observancia de la Constitución, pisoteando sus principios fundamentales, conforme a lo establecido en el artículo 136.
Todo lo anterior porque los seis ministros, con la mayoría de Ortiz Mayagoitia, negaron el derecho a la información para abrir la paquetería electoral de la elección presidencial de 2006, cuya solicitud fue hecha por el director del semanario Proceso, desechando el amparo para tener acceso a esa documentación pública. Y así, además, esa Corte violó los derechos individuales de quienes, con nuestro derecho y obligación de sufragar, no fuimos tomados en cuenta para negar a la revista Proceso que pudiera tener acceso a esa información para desarrollar el periodismo de investigación. Y para ejercer los derechos constitucionales de publicar escritos sobre cualquier materia, sin censura previa ni inquisiciones judiciales ni administrativas.
La información completa sobre esa violación constitucional por la Corte (¡tribunal constitucional!), se publicó en Proceso el 16 de marzo de 2008. Le fue negada la información, con lo cual los seis ministros se han convertido en tapaderas de la corrupción electoral. Y contrario sensu se deduce que ya no es una sospecha y que hubo fraude para imponer a Calderón (“aiga sido como aiga sido”, la teoría y práctica del actual inquilino de Los Pinos). Al ocultar las boletas e impedir que los periodistas investiguen para informar, está claro que Ortiz y sus cinco incondicionales –conservadores interpretando autocráticamente los contenidos de la Constitución con base en leyes reglamentarias que pusieron por encima de aquélla– son cómplices del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral, quienes cometieron el fraude.
En España ya están tomando cartas en el asunto de la salud mental de los jueces, magistrados y ministros, medida que la Judicatura nativa debería implantar para revisar si “están en sus cabales, y en pleno uso de sus facultades mentales” (El País, 20 de marzo de 2008) los jueces de la Corte, quienes ejecutan judicialmente con criterios antidemocráticos, en perjuicio de la nación, violando los contenidos democráticos de la Constitución.
La Corte desfigura “una República con legislación democrática” con sus resoluciones autocráticas. Corte, pues, cortesana, haciendo favores al presidencialismo en turno, ya con Salinas, luego con Zedillo, después con Fox y ahora con Calderón. Tenía razón Orozco al retratar a la Corte de esos cuatro sexenios, pues con su perspectiva histórica vislumbró que los mexicanos seríamos víctimas de una elite judicial, mientras la justicia está dormida de borrachera por las injusticias cometidas.
Resta el amparo del investigador y periodista Sergio Aguayo Quesada (La Jornada, 19 de marzo de 2008) para impedir la destrucción de las boletas electorales. Es la Caja de Pandora y, si le es negada la protección a su derecho de información, la nación habrá perdido la última esperanza para conocer, periodísticamente, el secreto de lo que ocurrió, voto por voto, en las elecciones presidenciales de 2006. Si, finalmente, el IFE ordena la incineración de la paquetería electoral, entonces millones de ciudadanos veremos violado el derecho a la información que hicieron valer jurídicamente los periodistas Rafael Rodríguez Castañeda y Sergio Aguayo Quesada.
Si así fuera, como nunca es necesario iniciar el desmantelamiento de las facultades de control constitucional de la Suprema Corte, en cuanto tribunal constitucional, para que éste sea un órgano con autonomía ante el cual se puede llevar al banquillo de los acusados a los ministros como los que con Ortiz Mayagoitia han violado la Constitución.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102
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